El Parlament pide tres años de cárcel para 20 manifestantes que participaron en el asedio a la cámara el 15 de junio de 2011, al considerar que cometieron un delito contra las instituciones del Estado impidiendo la entrada de parlamentarios, y la Generalitat pide la misma pena para cuatro de ellos.

En sus escritos de acusación, el Parlament y la Generalitat recogen los incidentes que ocurrieron la mañana del 15 de junio durante la protesta convocada contra los recortes bajo el lema Paremos el Parlament. No dejaremos que aprueben los recortes, en la que algunos diputados fueron increpados, golpeados y pintados, y que obligaron al presidente de la Generalitat, Artur Mas, y a la del Parlament, Núria de Gispert, a acceder en helicóptero.

Ambas instituciones, que actúan como acusación particular, consideran que los acusados retrasaron la entrada de los diputados y obligaron a modificar el orden del día, pese a que finalmente pudieron acceder y se pudo celebrar el pleno previsto.

"Pese a que mayoritariamente los parlamentarios que acudieron a la sesión del día 15 de junio de 2011, pudieron acceder a su escaño, cambiando sus hábitos de transporte, la gran mayoría de ellos en medios inhabituales (vehículos policiales, helicópteros o protegidos por cápsulas policiales), lo cierto es que debieron recurrir a esas extraordinarias medidas de protección por el temor e impedimento de deambulación", recoge el escrito del Parlament.

En el escrito también se refleja que algunos diputados fueron rodeados, increpados y golpeados por los manifestantes y tuvieron que refugiarse en la comisaría de la Guardia Urbana de la calle Nàpols y en la sede de UDC de la misma calle, entre otros.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido cinco años de cárcel para estos 20 manifestantes acusados, al considerar que provocaron "un fundado temor en la seguridad" de los diputados que intentaban entrar en la cámara.

En un escrito de acusación, la fiscal Teresa Sandoval atribuye a los acusados un delito contra las Instituciones del Estado en concurso ideal con otro de atentado contra la autoridad, y reclama que a cada uno se le imponga además una multa de 7.500 euros; por su parte, Manos Limpias, que ejerce de acusación popular, solicita ocho años y medio de cárcel para los 20 acusados.

Por orden de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Velasco envió la causa a los juzgados de Barcelona en febrero de 2012 aunque el Supremo resolvió en noviembre que la Audiencia Nacional era la competente para investigar estos hechos por considerar que el Parlament debe considerarse una institución del Estado.

Se da la circunstancia que una campaña en Internet está recogiendo firmas de ciudadanos para pedir al Parlament de Catalunya que retire su petición de cárcel para los acusados con el objetivo de que puedan evitar una posible pena de prisión.