Una jornada de conferencias analiza este martes la protección del patrimonio y la reciente sentencia del PGOU

La Asociación para la Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa) ha organizado para las 16,30 horas de este martes, en el Colegio de Abogados, una jornada de conferencias y debate en torno a la protección del casco histórico de Sevilla, en el que la Catedral, el Alcázar y el Archivo de Indias gozan de un declaración de Patrimonio Mundial, y la reciente sentencia del Tribunal Supremo que ratifica un fallo previo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y confirma la anulación de 12 artículos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sobre cuatro sectores del Conjunto Histórico.
La Catedral De Sevilla
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EUROPA PRESS
La Catedral De Sevilla

La Asociación para la Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa) ha organizado para las 16,30 horas de este martes, en el Colegio de Abogados, una jornada de conferencias y debate en torno a la protección del casco histórico de Sevilla, en el que la Catedral, el Alcázar y el Archivo de Indias gozan de un declaración de Patrimonio Mundial, y la reciente sentencia del Tribunal Supremo que ratifica un fallo previo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y confirma la anulación de 12 artículos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sobre cuatro sectores del Conjunto Histórico.

Esta jornada de conferencias se desarrollará desde las 16,30 horas en la sede del Colegio de Abogados y en ella participarán, a través de sus conferencias, la catedrática de Derecho Administrativo Concepción Barrero, el catedrático de Derecho Constitucional Javier García Fernández y el fiscal general de Andalucía, Jesús García Calderón. Además, el exalcalde de Sevilla Manuel del Valle moderará un debate en el que toman parte, entre otros, el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Maximiliano Vílchez, y Manuel Becerra, jefe del servicio de Protección del Patrimonio de la Junta de Andalucía. Este debate, por cierto, se centrará en la mencionada y reciente sentencia del Tribunal Supremo, según el programa de la jornada, recogido por Europa Press.

La sentencia, en concreto, ratifica la sentencia dictada en 2009 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anulando la aplicación total o parcial de 12 artículos del PGOU de 2006 en cuatro sectores del Conjunto Histórico Artístico de Sevilla. Hablamos, en concreto, de los sectores Santa Catalina-Santiago (4), Catedral (7), Encarnación-Magdalena (8) y La Calzada-Fábrica de Artillería (19), respondiendo todo ello a un recurso promovido por la vía Contencioso Administrativa por Adepa contra el citado planeamiento urbano.

Elevaciones de altura y obras ajenas a la ley de patrimonio

Según zanja el Tribunal Supremo, la ordenación prevista en el plan general para los mencionados sectores del Conjunto Histórico Artístico de Sevilla "no es compatible con el régimen especial de protección establecido en la Ley de Patrimonio Histórico Español". Alude la sentencia, en concreto, a las "obras de reconstrucción y ampliación, elevaciones de altura o alteraciones de edificabilidad" recogidas en el PGOU para estos sectores "contraviniendo" los artículos 20 y 21 de la Ley de Patrimonio Histórico Español, que debe prevalecer según recuerda el Supremo.

A cuenta de la mencionada sentencia de 2009, ahora ratificada por el Tribunal Supremo, el Ayuntamiento emprendió la elaboración de planes especiales de protección para los citados sectores del casco histórico. En 2011, de hecho, la Junta cedió al Ayuntamiento las competencias relativas a la autorización de obras y actuaciones en los ámbitos del Conjunto Histórico Artístico correspondientes a los sectores La Calzada-Fábrica de Artillería y Santa Catalina-Santiago, al contar cada uno de ellos con sus respectivos planes especiales de protección plenamente validados. Meses antes, el mismo procedimiento había sido formalizado respecto al subsector 8.1 del Conjunto Histórico, bautizado como Encarnación.

Reformar el pgou

Adepa, no obstante, considera que la sentencia implica la nulidad de dichos planes especiales de protección al seguir éstos "la misma línea" que el articulado anulado por la resolución judicial. Por eso, reclama una reforma del propio PGOU, al objeto de plasmar los aspectos señalados por la Justicia.

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