El Ayuntamiento de Ourense ha sido llamado a una vista que se celebrará en el Juzgado de lo Contencioso-administrativo el día 23 de julio por uno de los decretos firmados para un contrato temporal de 2012, incluido entre los 4 denunciados primero por el PP ante Fiscalía y luego por la subdelegación del Gobierno en Ourense, por posible incumplimiento del Real Decreto de 2011 de estabilidad presupuestaria.

Fuentes judiciales y jurídicas explicaron a Europa Press que desde hace meses, un equipo de la subdelegación del Gobierno en Ourense recibe y analiza las actas de los plenos de ayuntamientos de toda la provincia para comprobar el cumplimiento del Real Decreto de estabilidad presupuestaria, que limita las contrataciones temporales en Administraciones públicas a casos "excepcionales, urgentes e inaplazables", debidamente justificados y con respaldo presupuestario.

La denuncia presentada por el PP fue por la posible ilegalidad de los 26 contratos realizados en el concello de Ourense de los que 7 fueron impugnados por el Gobierno ante el Contencioso-administrativo, junto con otros al menos siete, repartidos entre los concellos de A Rúa, Xinzo de Limia y Baltar.

Primeras denuncias

Fuentes jurídicas han indicado a Europa Press que el seguimiento de las actas municipales y posterior control de las contrataciones realizadas da a Galicia el primer puesto en España en este sentido, pues en Ourense ya salió una sentencia que anuló uno de los contratos del Ayuntamiento de A Rúa, y se esperan las correspondientes a los otros denunciados, mientras que en Lugo podría impugnarse uno en el Ayuntamiento de Ourol.

En el caso del Ayuntamiento de Ourense, los contratos impugnados y pendientes de resolución del Juzgado Contencioso-administrativo son 2 de conserjes de centros escolares, 2 de operarios de cementerios, uno del área de Benestar Social y un topógrafo del área de Urbanismo, y por uno de ellos se celebrará la vista de julio.

En el caso de A Rúa, uno de los dos contratos impugnados por el Gobierno de España ya cuenta con sentencia del Contencioso-administrativo número 1 de Ourense, que lo anuló a principios de mayo por "infracción legal y desviación de poder" tras considerar, según el texto de la sentencia, que ese ayuntamiento usó la normativa laboral para eludir las medidas de ahorro dictadas por el Gobierno a lo que se sumó la "omisión total" del procedimiento legalmente establecido para la contratación.

Los dos juzgados Contencioso-administativo de Ourense resolverán otro contrato impugnado en A Rúa, otros dos en el concello de Baltar vinculados al museo Nelson Zumel, y al menos otros cuatro, que podrían ser más, en Xinzo de Limia, denunciados también por el sindicato CIG, para personal de jardines y administración.

Fuentes jurídicas han explicado también a Europa Press casos como el del Ayuntamiento de San Cibrao das Viñas, que justificó 10 contratos realizados durante el año 2012 con una memoria de 15 folios en la que se detalló la necesidad de las personas contratadas, como las de la escuela de música, para mantener una oferta educativa, entre otras, tradicional y enraizada entre los vecinos del municipio.