El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) ha pedido la creación de un banco público de tierras, formado por fincas de la Junta de Andalucía y del Estado, y que estuviera dotado con fondos de entre 100 y 130 millones de euros anuales, procedentes del 0,4 por ciento del presupuesto de la Junta.

El secretario general del SAT, Diego Cañamero, ha indicado a Europa Press que presentará esta propuesta, que podría articularse mediante decreto ley, a todos los partidos y ha anunciado que pedirá expresamente una reunión con el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, para presentarle su propuesta.

Cañamero ha indicado que con esta propuesta del banco de tierras "planteamos un banco donde se puedan ubicar todas las tierras públicas de la Junta y del Gobierno central", de forma que dichas tierras públicas "pasarían a manos de las cooperativas, a las que se cedería el uso por un mínimo de 25 años".

"Se cedería el uso, que no la titularidad, que seguiría siendo de la administración correspondiente", ha agregado Cañamero, quien deja claro que esa cesión se producirá "siempre que esas cooperativas no abandonen las tierras, si no las pueden explotar, las tierras pasarían a otras cooperativas".

Cañamero pide además que ese banco se dote de fondos públicos, procedentes de los presupuestos de la Junta, sería el 0,4 por ciento de las cuentas autonómicas, entre 100 y 130 millones de euros anuales, de forma que "se vayan adquiriendo tierras, que den empleo y puedan ser tierras con fines sociales".

El dirigente sindical además reclama la creación de un banco económico público "para facilitar ayuda necesaria para la adquisición de maquinaria e insumos".

"Este banco público llevaría consigo requisitos y normas", ha resaltado Cañamero, quien destaca que la idea es que además esas cooperativas y ese banco "ayuden a la transformación del proceso agrario, creando redes de comercialización y cooperativas de segundo grado para que se puedan transformar todos los productos en Andalucía y lograr que el valor añadido se quede en la Comunidad".

Tras apuntar que solo la Junta posee más de 22.000 fincas, ha precisado que podrían formar parte de esa bolsa de tierras "todas las fincas que están embargadas, que están ociosas o presentan alguna dificultad para su explotación; se quiere evitar que dichas fincas estén dedicadas a la especulación sino darle una función social a las mismas y lograr generar empleo".