Canarias modificará la ley de inserción para ampliar el perfil de beneficiarios

La consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, ha afirmado este viernes que el Ejecutivo prepara la reforma de la Ley Canaria de Inserción para dotarla de más agilidad y, especialmente, ampliar el perfil de beneficiarios, ya que cada vez hay más personas en riesgo de exclusión social.
Consejo de Gobierno
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La consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, ha afirmado este viernes que el Ejecutivo prepara la reforma de la Ley Canaria de Inserción para dotarla de más agilidad y, especialmente, ampliar el perfil de beneficiarios, ya que cada vez hay más personas en riesgo de exclusión social.

En rueda de prensa ha apuntado que ha presentado un informe al Consejo de Gobierno sobre el desarrollo de la Estrategia Canaria contra la Pobreza, que el Ejecutivo ultima en el seno del Consejo General de Servicios Sociales y cuyos pilares básicos son el empleo social, las prestaciones sociales, la atención a la infancia —a través de la apertura de comedores escolares en verano— y la vivienda.

Según Rojas, la modificación de la Ley Canaria de Inserción obedece al objetivo de incorporar a nuevos colectivos que están en riesgo de exclusión social, dado que el actual documento se aprobó en una época anterior a la crisis económica y ahora hay personas "con formación" que necesitan ayuda.

En 2013, la Prestación Canaria de Inserción (PCI) cuenta con un presupuesto superior a los 20 millones, y beneficia a unas 10.500 personas —unas 5.500 familias—. "Hay que modificar la ley para afrontar una nueva etapa, la sociedad lo demanda", ha comentado.

La consejera ha afirmado también que el presupuesto deberá subir en el futuro aunque no se trabaja bajo esa "presión", ya que el objetivo es elaborar la estrategia definiendo los recursos actuales y evaluando las necesidades futuras en un archipiélago con 26.000 hogares en los que no hay ingresos económicos.

Por ello, ha valorado el plan de empleo social que se redacta junto con la Fecam (Federación Canaria de Municipios), de tal manera que se priorice la contratación de personas cuyos hogares tengan a todos sus miembros en paro. Dotado, en principio, con 30 millones de euros, Rojas espera que pueda estar listo en un plazo aproximado de tres semanas.

Asimismo, Rojas ha insistido en que no se trata solo de "atajar" la pobreza sino de impulsar que la sociedad "camine" para que no tenga que depender de las ayudas de la Administración, por lo que el Ejecutivo "potenciará" el emprendimiento entre jóvenes y mayores de 45 años.

Reorientación de la política de vivienda

En cuanto a la vivienda, ha subrayado que el Gobierno ha reorientado su política para garantizar que los ciudadanos "mantengan" su casa a través de la figura del alquiler social, y con la modificación de la Ley de Vivienda, se persigue "poner en uso" viviendas que están cerradas al mercado.

El proyecto afectará a inmuebles de las entidades financieras, promotoras e inmobiliarias ya que, según Rojas, hay un parque de viviendas "importante" debido a los desahucios que se practican en las islas. "Hay familias con necesidad de vivienda a precios asequibles y están cerradas", ha comentado.

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