La jueza tumba el proyecto de Rasquera de acoger una plantación de marihuana

  • Alega que el consistorio no tiene competencias para regular en esta materia.
  • También anula el contrato porque no se pueden considerar de interés público.
  • Estima el recurso del Abogado del Estado contra la creación de una empresa municipal para ceder los terrenos.
  • El consistorio anuncia que recurrirá la resolución judicial.
Los terrenos de siete hectáreas de Rasquera que debía acoger la plantación de marihuana.
Los terrenos de siete hectáreas de Rasquera que debía acoger la plantación de marihuana.
JORDI MARSAL / ACN

El Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Tarragona ha tumbado el proyecto de plantación de marihuana impulsado por el Ayuntamiento de Rasquera con la Asociación Cannábica Barcelonesa de Autoconsumo (ABCDA). El consistorio debía crear una empresa pública para ceder los terrenos a cambió de 1,3 millones de euros en dos años.

La sentencia, a la cual ha tenido acceso la Agencia Catalana de Noticias (ACN), considera que el consistorio se ha "extralimitado" en un ámbito donde no dispone de competencias para regular y que los acuerdos subscritos no responden al interés público pese a los argumentos científicos, sociales y económicos que esgrimió el consistorio.

La argumentación de la jueza Rosa Maria Muñoz, en una sentencia de sólo seis páginas, concuerda plenamente con los planteamientos del abogado del Estado, que el 28 de marzo del pasado 2012 presentó un recurso contencioso administrativo contra los acuerdos de pleno que posibilitaron la creación de la empresa pública municipal Rasquerana de Investigación e Interpretación de la Variedad Cannabis SL (RRICA) así como el contrato con la asociación de autoconsumo.

La jueza considera que no el consistorio no tiene competencias para regular el consumo de cannabis así como para proteger los derechos de sus consumidores. Según añade, la iniciativa pública empresarial, creada con el objetivo de convertirse en la principal fuente de ingresos del Plan Anticrisis para dinamizar económicamente el municipio, también aprobado por el pleno, "no encaja" con las finalidades de "interés público".

"No se considera que quede justificada ni acreditada la oportunidad o conveniencia para el interés público de crear el EPE -ente público empresarial- en cuestión para la finalidad descrita", sostiene, de acuerdo con las tesis defendidas por el abogado del Estado de "carencia de competencia objetiva" y de "no contribuir a las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal".

En este contexto, y asumiendo nuevamente los argumentos del gobierno español, la jueza remata que "la carencia de permiso o autorización para llevar a cabo las actividades previstas y que pueden suponer un contacto material con sustancias cualificadas legalmente como estupefacientes, supone la declaración de nulidad de pleno derecho del acto".

Anula el contrato

Tampoco ha superado la criba judicial el contrato firmado con la ABCDA -adoptado el 29 de febrero de 2012-, que también aprobó el pleno. El razonamiento de la jueza se vuelve a basar en los ya mencionados argumentos de la "carencia de competencia y justificación del interés público". "La carencia de liquidez o financiación económica, por ella misma no puede considerarse como interés público que justifique el uso de las potestades administrativas", sostiene.

Según aduce la sentencia, el acuerdo firmado en ningún caso podría ser definido como un "convenio", sino como un contrato porque supone "obligaciones onerosas" por las dos partes: por un lado, el consistorio, facilitando el uso de unos terrenos de terceros, defendiendo que disponía del derecho a su uso privativo para la explotación de la finca; de la otra, la asociación se comprometía a pagar un dinero a cambio.

La jueza reprocha a la administración local que no haya concretado los costes que supondría la cesión para las arcas municipales además de no haber aportado ningún expediente de contratación o informe de intervención para garantizar la explotación de la finca a lo largo de 30 meses, un plazo que finalizaría, como máximo, el 30 de septiembre de 2014, y que podría ser prorrogado automáticamente por el mismo periodo.

Recurso municipal

La sentencia acaba imponiendo las costas del proceso al Ayuntamiento de Rasquera y le da un periodo de quince días para poder presentar recurso. El alcalde, Bernat Pellisa, ha anunciado que recurrirá la resolución porque ésta no aporta "argumentos contundentes ni claros" para anular los acuerdos tomados por el Ayuntamiento.

Asimismo, Pellisa ha defendido el "interés público" del proyecto y ha recordado que hay una realidad (la crisis y el paro) a la que "se tiene que dar solución". También ha asegurado que las influencias políticas en la sentencia. "Es tendencioso políticamente", ha declarado a ACN.

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