El juez de Nóos atribuye a Camps y Barberá delitos de fraude, malversación y prevaricación

  • El juez Castro remite una exposición razonada de por qué quiere que el TSJCV se haga cargo de la investigación que afecta a Camps y Barberá.
  • Al ser diputados de las Corts, solo ese tribunal es competente.
  • El magistrado ve presuntos delitos continuados.
Rita Barberá (d), María Dolores de Cospedal, y Francisco Camps, en el acto de proclamación de Barberá como candidata del PP a la Alcaldía valenciana.
Rita Barberá (d), María Dolores de Cospedal, y Francisco Camps, en el acto de proclamación de Barberá como candidata del PP a la Alcaldía valenciana.
EFE

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ve indicios racionales de que el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, incurrieron en presuntos delitos continuados de malversación, prevaricación, fraude a la Administración y falsedad en documento oficial.

Así lo pone de manifiesto en la exposición razonada, de 70 páginas, que ha elevado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en la que le propone que asuma la competencia para instruir la parte del caso Nóos que afecta a la supuesta participación de ambos en las negociaciones previas a la firma del convenio del Valencia Summit, por el que el Instituto Nóos percibió alrededor de tres millones de euros públicos.

Castro señalaba el pasado miércoles que de la investigación del caso Nóos se desprenden "indicios racionales de que en la ciudad de Valencia había tenido lugar una serie de hechos de apariencia delictiva" en los que Camps y Barberá han podido tener "decisiva e imputable intervención", después de haberse inhibido el pasado miércoles de la instrucción de la causa en la parte referida a Valencia y haber propuesto al TSJ valenciano que asuma la competencia.

El magistrado de Instrucción número 3 de Palma no es competente para encausar a Camps y Barberà por ser ambos aforados por su condición de diputados de las Corts Valencianes.

En esta causa se investiga el presunto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos, presidido por Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres, al que las administraciones valencianas aportaron 3,5 millones de euros para la organización de las tres cumbres Valencia Summit de 2004, 2005 y 2006 y para la elaboración del proyecto de los Juegos Europeos, que no llegaron a celebrarse

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