El dedo señala una y otra vez a la banca y de manera indirecta a las autoridades. El sistema hipotecario ha permitido a los bancos abusar de su posición a la hora de vender hipotecas a los españoles. Y aunque el Gobierno ha modificado la ley, los problemas se acumulan. Desde un bufete que denuncia a España ante la CE por no vigilar los abusos en las hipotecas a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que insiste en que la nueva ley es un despropósito, pasando por el Tribunal de la UE, que insta a España a eliminar cláusulas abusivas de los contratos de alquiler.

En este último caso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) ha precisado que cuando un juez nacional detecta una cláusula abusiva en un contrato de alquiler de vivienda no basta con rebajar la cuantía, sino que tiene la obligación de anularla, según la normativa europea.

La directiva comunitaria que regula estas cuestiones "no permite al juez nacional, cuando haya determinado el carácter abusivo de una cláusula penal en un contrato (...), limitarse a moderar el importe", sino que "le obliga a excluir pura y simplemente la aplicación de dicha cláusula al consumidor", indica la corte en su sentencia.

Los magistrados señalan, además, que corresponde al juez nacional comprobar si las cláusulas abusivas de un alquiler se enmarcan dentro de un contrato arrendador-arrendatario o si reflejan disposiciones legales o reglamentarias imperativas previstas por el derecho nacional.

Aclaran, asimismo, que cuando un juez nacional recibe una demanda de un profesional contra un consumidor sobre la ejecución de un contrato debe también comprobar si este acuerdo incluye cláusulas abusivas. Por último, recuerdan que antes de anular una cláusula abusiva el juez deberá haber ofrecido a las partes involucradas la posibilidad de mantener un debate.

Eso dice hoy el Tribunal de Luxemburgo, que tal vez en un futuro próximo tenga que pronunciarse sobre la denuncia que ha presentado ante la Comisión Europea (CE) un despacho de abogados, al considerar que el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no han vigilado de manera adecuada los abusos cometidos en el sector bancario.

El despacho de abogados Navas & Cusi asegura que hubo mala praxis en la comercialización de cláusulas suelo de las hipotecas, las hipotecas multidivisas, los swaps y las acciones preferentes. Este bufete destaca que tampoco se cumplió la legislación europea al permitir que las entidades bancarias introdujesen cláusulas suelo-techo abusivas en las hipotecas sin posibilidades de negociación para el consumidor.

La motivación de este despacho de abogados para acudir a Bruselas no es otra que la asistencia a innumerables casos durante cuatro o cinco años, en los que los consumidores han sido víctimas de estos abusos, explica el abogado Juan Ignacio Navas.

Las normativas a las que se refieren debían haberse trasladado a la legislación nacional en 2004, pero esto no ocurrió hasta 2007 y además de manera incompleta, aseguran desde este bufete. Si la CE decide seguir adelante con esta causa podría llegar en última instancia al Tribunal de Justicia de la UE.

Tampoco la reciente reforma de la Ley Hipotecaria parece haber recibido muchos apoyos. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que apoyó la ILP por la dación en pago –que fuera finalmente aparcada en el trámite parlamentario– insiste en que la nueva ley es un conjunto de "despropósitos".

La PAH ha elaborado un 'kit de emergencia' contra esos "despropósitos" que plantea la Ley 1/2013. El kit pretende "facilitar a las personas afectadas con procedimientos de ejecución en curso que puedan plantear las cláusulas abusivas dentro del plazo inicial de un mes, y que finaliza el próximo 16 de junio de 2013".

La "ayuda" se compone de consejos generales para alegar cláusulas abusivas, un modelo de escrito para solicitar justicia gratuita, otro para plantear las cláusulas abusivas, así como un modelo escrito para solicitar suspensión subasta notarial, acompañado también por una guía específica para las notariales.

La PAH ha instado a los jueces a actuar de oficio en el análisis de las cláusulas "abusivas" o no permitan la "indefensión" de las personas afectadas, "dando traslado de la posibilidad de plantear las cláusulas abusivas a todas las personas con procedimientos en marcha".