El exdelegado especial del Estado para la Zona Franca de Cádiz Miguel Osuna, acusado en el denominado 'caso Rilco' que se juzga en la Audiencia Provincial de Cádiz, ha señalado que "si alguien falló" en este asunto fueron "los abogados del Estado" Manuel Ponce y José Aurelio Ruiz Piña, quienes en lugar de "entonar el 'mea culpa'" por no haber advertido de cualquier posible irregularidad, "se han puesto a la cabeza del linchamiento" encabezando una querella que ha dado lugar a la presente causa.

En declaraciones a los periodistas tras más de siete horas de declaración, Osuna ha asegurado que estaba "deseando" que llegara este día para "decir todo lo que tenía que decir" sin tener "a cuarenta contestando".

Preguntado por cómo ha afectado este asunto a su vida, explica que "tenía un futuro profesional brillante", pero, a causa de "los comentarios de algunas de las personas que han estado en la Sala", sus posibilidades de ascenso "han quedado reducidas al máximo".

También ha referido que 48 horas después de que el Consejo de Administración de Rilco decidiera tomar medias contra él, tuvo un accidente de tráfico que le provocó lesiones en la espalda del que todavía no se ha recuperado —tiene tres vértebras de titanio y aún tiene que ser intervenido quirúrgicamente—. A esto, se añade que su familia lo está pasando "peor" que él mismo.

Ha preferido "abstenerse de hablar de cualquier tema político" cuando los periodistas le han pedido su opinión a raíz de las declaraciones que están realizando algunos dirigentes del PP abogando por suprimir el convenio vigente entre la Abogacía del Estado y la Zona Franca de Cádiz.

No obstante, de su declaración se desprende que los abogados del Estado no detectaron ninguna irregularidad en su momento en cuanto a Rilco y tampoco el Tribunal de Cuentas, cuando se supone que ellos son "especialistas en pillar este tipo de fallos en la contratación pública". Por tanto, tanto unos como otros son "más torpes" de lo que él mismo, como licenciado en Historia, admite poder haber sido.

En cualquier caso, entiende que "en general es una garantía que un cuerpo de abogados independiente informe", si bien en este caso se trata de dos personas "con nombre y apellidos" —por Ruiz y Ponce— que insiste en que "si ha fallado alguien son ellos" y que, sin embargo, han decidido ponerse a la cabeza de su "linchamiento".

Sin advertencia sobre rilco

Osuna ha explicado ante la Sala que cuando llegó a la Zona Franca de Cádiz tras el cese de su antecesor, Manuel Rodríguez de Castro, también imputado, había otros asuntos "más acuciantes", como la carta firmada por cinco jefes de departamento aludiendo a determinadas "irregularidades" de la etapa anterior, o los 48 millones de euros que había que invertir para no tener que devolver 18 de ayudas y préstamos reembolsables concedidos para diferentes proyectos, ya que estaba a punto de concluir el plazo estipulado en las condiciones.

El equipo cuando llegó "estaba hecho" y el caso es que "nadie" le informó de que Rilco tuviera "ningún problema", quizás porque "no le interesaba a alguien o tenían algo que ocultar", según piensa ahora.

Ha incidido en que el contrato con Miami Free Zone estaba acordado antes de su llegada y dice que en el primer Consejo de Administración Ruiz Piña —que ahora ejerce de acusación en este procedimiento— hizo "una matización" sobre el contrato, desperdiciando, según Osuna, la oportunidad de mencionar que "se le había pedido un informe sobre el pliego para la contratación que no había realizado", comportamiento que no ve acorde con el de un asesor "leal".

Ha explicado Osuna que su impronta en la Zona Franca se centró en la proliferación de polígonos industriales en la provincia, si bien encontró al llegar que había "una discrecionalidad muy grande", por lo que convirtió en uno de sus objetivos principales "intentar hacer las cosas de manera reglada", estableciendo unas normas generales tanto para el Consorcio como para las sociedades participadas.

FACTURAS

Osuna ha expuesto que cuando llegó encontró facturas por valor de 2,8 millones de euros emitidas por Miami Free Zone, las mismas que el matrimonio Leiva —titular de la compañía y también encausados— declaró en días anteriores que le habían pedido desde la Zona Franca que emitieran anticipadamente para poder cumplir con una cuestión presupuestaria de Rilco, evitando así perder las ayudas concedidas por el Ministerio.

Así, el acusado defiende que ordenó el pago de las facturas para cumplir con el Ministerio, si bien, "con fines garantistas", llegó a un acuerdo privado con los Leiva para hacer efectivo el pago una vez se finalizase el trabajo encargado y obtuviese el visto bueno de la Zona Franca. Explica que los Leiva manifestaron que "no tenían ninguna prisa por cobrar" y no pusieron ningún inconveniente.

De esta manera, en lugar de optar por los avales, Osuna acudió a un precedente administrativo que ya se había empleado para el polígono industrial Las Salinas. Así, los 2,8 millones de euros se ingresaron en una cuenta a nombre de Miami Free Zone en una sucursal del BBVA en Cádiz y no se liberarían hasta la recepción final de los trabajos.

Pese a estar a nombre de la compañía, la cuenta tenía un bloqueo consistente en la necesidad de una doble firma —la suya y la del también acusado Rafael Ortiz, exdirector general de Rilco— para liberar los fondos. Osuna ha aclarado que el pliego de condiciones del contrato daba opción a utilizar este método de pago.

En cuanto a las modificaciones sufridas respecto al contrato inicial con Miami Free Zone, ha argumentado que es habitual que los contratos "sufran vicisitudes", siendo lo importante hacerlos "con la mejor voluntad, un criterio objetivo y que pueda ser explicable".

Así, si en lugar de los cuatro 'data center' inicialmente previstos se iba a contar con uno y el portal se iba a traducir a un idioma menos, había mecanismos de compensación entre los que incluye, por ejemplo, que los Leiva sufragaran los desplazamientos que los técnicos hacían a Miami, Madrid o Sevilla para asistir a las comisiones de seguimiento del proyecto que se celebraban cada dos semanas.

"no era ningún chiringuito"

Osuna también ha defendido que, en contra de lo que ha venido manifestando el PSOE, Rilco "no fue ningún 'bluf' ni ningún chiringuito", y, de hecho, cuando estuvo terminado se "volcó" personalmente para ayudar en la labor comercial tendente a que tuviera éxito. Asegura que "funcionaba" y que nunca recibió queja mientras estuvo en la Zona Franca.

A preguntas de su abogado, el exdelegado especial del Estado ha dejado claro también que no tenía ningún interés en beneficiar a nadie y tampoco en perjudicar al Consorcio de la Zona Franca.

Finalmente, ha referido el hecho de que la querella de la Abogacía del Estado que ha derivado en esta causa se presentó el mismo día en que se celebraba la vista oral del procedimiento en defensa de su honor iniciado contra el socialista Rafael Román por achacarle un uso indebido de dinero público. Tilda de curioso que ese mismo día "se enviara el escrito de acusación del PSOE a 200 compañeros de Hacienda".