La Dirección de la Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado (Emaya) y el Comité de Empresa del área de Medio Ambiente de esta compañía municipal, han considerado una "acción aislada" la querella interpuesta por el secretario de la Federación de Servicios Públicos de UGT y un trabajador de la empresa por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores y de 'mobbing', asegurando desconocer el contenido del escrito de denuncia.

"Se trataría, en cualquier caso, de una acción aislada de un miembro de la sección sindical de UGT y no de las secciones sindicales del Comité de Empresa", ha incidido en un comunicado, en el que la Dirección de Emaya señala que ya respondió a un escrito presentado por el trabajador y en el que aludía a supuestas irregularidades en cuanto al reparto de trabajo en domingos, festivos y horas extra, el pasado mes de abril.

En esta respuesta, afirma, la empresa aportaba datos objetivos que "desmentían las supuestos tratos de favor a los que se hacían referencia" pero instaba, en cualquier caso, al empleado a aportar datos concretos sobre sus reclamaciones a fin de poder estudiarlos y erradicar las supuestas discriminaciones. No obstante, hasta el día de hoy, el trabajador no ha realizado ninguna otra comunicación posterior a la empresa, según la dirección de Emaya.

En esta misma línea, la nota recuerda que el pasado 11 de abril de 2013 el empleado, como miembro del Comité de Empresa en representación de UGT, asistió a la firma de un acuerdo en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares (Tamib) por el cual la Dirección y el Comité acordaron una batería de acciones orientadas a la prevención, y en su caso, erradicación de cualquier comportamiento discriminatorio y de acoso.

La primera de las acciones acordadas, según Emaya, consistía en la realización de evaluaciones de riesgos psicosociales priorizadas por los delegados de prevención. "La Dirección, a pesar de no haber recibido ninguna indicación de la parte social, ha iniciado ya dichas evaluaciones de riegos psicosociales con el fin de detectar cualquier situación anómala", ha apuntado.

Tal y como ha apuntado la empresa, mediante este acuerdo ambas partes se comprometieron a iniciar "una nueva etapa en sus relaciones, amparadas en la buena fe y el deber de respeto mutuo". La Dirección entiende que UGT, con la difusión de la querella entre la plantilla de Emaya antes de su admisión a trámite, "ha roto el compromiso adquirido en el Tamib a la vez que ha fomentado el enrarecimiento del clima laboral en la empresa".

Finalmente, la dirección ha expresado su confianza en que éste "sea un hecho aislado y una actuación puntual e individual que no perjudique el buen clima de entendimiento que actualmente impera en Emaya".

Presiones para acallar reivindicaciones sindicales

La querella apunta a la presunta comisión de delitos contra los derechos de los trabajadores y de 'mobbing' en los que Emaya y, entre otros querellados, su presidente y teniente de alcalde de Medio Ambiente, Andreu Garau, habrían incurrido a raíz del supuesto trato discriminatorio y las presiones ejercidas sobre varios de sus empleados para acallar sus reivindicaciones sindicales.

Más en concreto, el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, denuncia cómo la pertenencia al sindicato Sitemaya conllevaba determinadas ventajas en el marco de la empresa, como la obtención de mejores servicios o posición, lo que llevó a parte de los empleados de Emaya a denunciar la situación de "grave discriminación", sufriendo a cambio "una presión laboral tendenciosa como respuesta a sus reivindicaciones".

Tal y como pone de manifiesto la querella, firmada por el letrado Pablo Alonso de Caso, el grave conflicto sindical provocó un deterioro en el ambiente laboral que incidió en el factor de los riesgos psicosociales e implicó un "daño para la salud de los trabajadores", derivada además de "la pasividad y la connivencia de Emaya con el sindicato Sitemaya".

Según relata, Sitemaya, una de las seis entidades sindicales con representación entre los trabajadores de Emaya, fue creada en 1999 y desde el momento de su fundación "fue objeto de un trato preferencial por parte de la dirección de la empresa". Uno de sus fundadores, Vicente Vilches, también se encuentra entre los querellados, junto al director general de Recursos Humanos, Carlos Nadal, el director de Operaciones, Alonso Gallardo, y la propia Sitemaya.