La jueza Mercedes Alaya ha decidido levantar el secreto de sumario que durante casi siete meses —desde el pasado día 6 de noviembre de 2012— había ido prorrogando sobre el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía, según ha adelantado este jueves el diario El País.

Fuentes del caso han apuntado a Europa Press que entre este viernes y este lunes se notificará a las partes el auto en el que la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla anuncia esta decisión de levantar el secreto de sumario, dentro del cual se investiga el supuesto cobro de 'sobrecomisiones' por parte de las mediadoras que gestionaron las pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE.

Esta decisión se produce después de que recientemente varios imputados en el caso, entre los que se encuentran el exdirectivo de Vitalia Eduardo Pascual o el dueño de Uniter, José González Mata, solicitasen a la jueza que levantase ya el secreto de sumario, pues, en el caso del primero, entiende que "se está produciendo toda una investigación desde hace más de un año a las espaldas" de los imputados.

Y es que desde el pasado mes de noviembre, la magistrada ha prorrogado hasta en seis ocasiones el secreto de sumario a petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a fin de investigar quiénes son los "verdaderos" beneficiarios de los fondos públicos investigados y la posible comisión de delitos de asociación ilícita, cohecho y blanqueo de capitales.

En un auto dictado el pasado mes de abril, la jueza aseguró que las diligencias desarrolladas por la UCO dentro de la operación 'Heracles', que se saldó con la detención de 22 personas, "van a suponer un punto y seguido a las diligencias de averiguación" que practica la Benemérita, "pues mucha de la documentación intervenida se encuentra en soporte informático y es claro que del análisis de esta documentación podrán derivarse nuevas diligencias asociadas".

Dentro de la operación 'Heracles' desarrollada por la Guardia Civil de forma simultánea en siete provincias españolas fueron detenidas 22 personas -de las que cuatro ingresaron en prisión-, mientras que otras nueve que ya figuraban como imputadas fueron llamadas a declarar ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, quien mandó a prisión a tres de ellas.