La FRMP consensúa una declaración institucional contra la supresión de servicios férreos de media distancia en CyL

También se ha posicionado en favor de los pequeños ahorradores afectados por preferentes en la Comunidad
García Nieto junto a los miembros de la Ejecutiva en el Museo del Pan.
García Nieto junto a los miembros de la Ejecutiva en el Museo del Pan.
FRMP
García Nieto junto a los miembros de la Ejecutiva en el Museo del Pan.

La Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), cuya Comisión Ejecutiva se ha reunido hoy en el Museo del Pan de Mayorga de Campos (Valladolid), ha consensuado una declaración institucional contra la supresión de servicios de transporte ferroviario de viajeros de media distancia en Castilla y León.

En este sentido, la FRMP insta tanto al Gobierno de España a que realice las actuaciones precisas para evitar dicha supresión y a la Junta a que, en su caso, firme un contrato con Renfe-Operadora para que asuma la financiación del déficit de explotación de las líneas no declaradas como Obligación de Servicio Público.

Entre sus acuerdos, la Comisión Ejecutiva de la FRMP también ha emitido otra declaración institucional de apoyo al colectivo de afectados por la contratación de participaciones preferentes o cualquier otro tipo de producto financiero en Castilla y León.

Al respecto, insta al Gobierno de la nación a que adopte cuantas medidas sean necesarias para asegurar la restitución, a sus legítimos titulares, de los ahorros invertidos en los productos referidos, además de tomar las iniciativas legislativas oportunas, nacionales y comunitarias, para la reforma del sistema financiero, impidiendo que una situación como la advertida pueda volver a producirse.

En cuanto al Proyecto de Ley de Gobernanza, Ordenación y Servicios del Territorio, en fase de tramitación parlamentaria para la presentación de enmiendas, entiende que el documento final cumple los acuerdos alcanzados entre el Ejecutivo Autonómico, el Partido Popular y el Partido Socialista de Castilla y León y refleja las aportaciones de ciudadanos, ayuntamientos, diputaciones provinciales y FRMP.

Igualmente se ha refrendado el acuerdo alcanzado en la Comisión de Gobierno del pasado 18 de marzo, en la que se presentaron alegaciones al Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local enviadas a la FEMP y al Ministerio de Hacienda. La FRMP redactó un documento aprobado con la abstención del Partido Socialista.

Coste estándar de los servicios

A este respecto a FRMP se congratula de que parte de las alegaciones presentadas se hayan recogido como mejoras en el texto presentado. Sin embargo, sigue considerando "materia preocupante" el establecimiento del coste estándar de los servicios.

Así, la FRMP entiende que este coste debería fijarse en la FEMP y debería incluir aspectos tan importantes para Castilla y León como la despoblación, el envejecimiento, la dispersión territorial y el número de núcleos de población a efectos de un solo ayuntamiento."Desde la federación se reivindica por tanto esta singularidad y particularidad de nuestra tierra con respecto al espectro nacional".

En cuanto al convenio Marco de Colaboración entre la FRMP y la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León para el desarrollo del Programa Integral de Apoyo a las Familias en Riesgo de Desahucio, el presidente de la federación, Miguel Ángel García Nieto, ha informado a la Ejecutiva sobre la reciente firma en Valladolid de un Convenio Marco en favor de las Familias en Riesgo de Desahucio.

El objetivo es establecer una colaboración permanente entre la Gerencia de Servicios Sociales y la FRMP en aras a impulsar y promover todas aquellas actuaciones y medidas en materia de protección de los deudores hipotecarios que, como consecuencia de la crisis económica, se enfrentan a procedimientos de ejecución hipotecaria sobre su vivienda habitual.

También se ha presentado una propuesta para modificar el art 16.2 de la ley 7/2006 de 2 octubre de espectáculos y actividades recreativas de Castilla y León, al objeto de que sean los ayuntamientos los capacitados para decidir qué actividades son las que se pueden compatibilizar, eliminando una prohibición genérica que llevaría a graves perjuicios a la hostelería de los pueblos.

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