"El caso de 'Beatriz' es un recordatorio para todos los países del mundo". Mónica Roa, directora de Programas de la ONG Women's Link Worldwide y experta legal en temas de género, asegura que la prohibición de aborto decretada por la Corte de Justicia de El Salvador para una joven con graves problemas de salud es "trágica" y un ejemplo claro de "tortura".

La chica, de 22 años, padece lupus y una enfermedad renal y a su hijo le falta parte del cerebro y del cráneo (anencefalia); está embarazada de más de seis meses y corre el riesgo de morir en el parto. Casi todos los bebés anencefálicos mueren antes del parto o unas horas o días después de nacer, explica, por su parte, María del Pozo, responsable de relaciones institucionales y política exterior de Amnistía Internacional.

Las leyes de El Salvador penalizan la interrupción del embarazo en todos los casos, igual que en otros países latinoamericanos como Nicaragua, Honduras, República Dominicana y Chile. Hace meses los médicos que tratan a 'Beatriz' —nombre ficticio— pidieron que se le permitiera abortar, "fueron los primeros", explica Roa a 20Minutos; después la apoyó la ministra de Salud, varias organizaciones de derechos humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En El Salvador, añade la abogada, hay "19 casos documentados" de mujeres encarceladas por abortar, alguna de las cuales fue condenada "por homicidio agravado" y cumple una pena de 50 años de prisión. Para los médicos involucrados en abortos la pena es de 12 años, explica, por eso "hay miedo" a posicionarse en casos como el de 'Beatriz', a lo que habría que sumar que el fiscal, afirma, "ha amenazado con que va a cumplir la ley". Para Roa, la sentencia conocida este miércoles "es indefendible desde todos los puntos de vista".

Roa opina que, a pesar de que había vías jurídicas suficientes para lograr el permiso dadas las precarias condiciones de salud de la joven, casi se han agotado, por lo que, en su opinión, solo queda una "vía política". Quizá "una amnistía declarada por el presidente" Mauricio Funes o la concesión de una visa humanitaria para que 'Beatriz' viaje a otro país y pueda abortar. "Ha habido ofertas de ayuda de médicos de otros países, pero ella no tiene ni pasaporte", asegura, reclamando más presión internacional.

El debate en la región sobre el aborto "es muy fuerte", explica Roa, que sin embargo apunta al factor económico como común en todo el mundo cuando se trata de abordar este tema. "Nunca verás un caso de una mujer con dinero que haya muerto" por este asunto, explica, añadiendo que 'Beatriz' es una joven "muy pobre" y que a día de hoy se encuentra "desesperada, sentada en un hospital donde ve pasar los minutos, a tres horas de su hijo de un año, su esposo y su familia".

Según datos de la OMS, cada año se llevan a cabo, de forma estimada, 22 millones de abortos en forma insegura en el mundo y solo en el 16% de los países en vías de desarrollo se permite el aborto por razones sociales o económicas, en comparación con el 80% de los países desarrollados. La tasa de abortos inducidos se redujo de 35 por cada 1000 mujeres de entre 15 y 44 años en 1995 a 26 cada 1000 mujeres de entre 15 y 44 años en 2008.

Las estadísticas de abortos legales inducidos son muy dispares a lo largo del planeta, desde los más de 200.000 en Japón —sin incluir el impacto de la catástrofe de Fukushima— hasta los casi 1.000 de México en ese mismo año, según datos del Demographic Yearbook de Naciones Unidas.

En la última década han surgido "dos tendencias opuestas" en la legislación de los países latinoamericanos: por un lado, se encuentran países como Nicaragua, que eliminó el aborto terapéutico en 2006, o República Dominicana, que realizó una reforma constitucional y el año pasado registró el caso de una niña de 16 años, Esperancita, que murió de leucemia porque no se le permitió tratarse al estar embarazada.

Por otro lado, hay una postura "más liberalizadora" desde el año 2006, en la que se incluirían países como Colombia, que incluyó tres supuestos para la interrupción del embarazo, o México, Uruguay y Argentina, país este último en el que una fallo judicial autorizó un aborto terapéutico.

Hace falta, dice Roa, "más apoyo jurídico y político" para cambiar las leyes, explica, añadiendo que la Constitución de El Salvador, en cualquier caso, reconoce "todos los estándares internacionales de derechos humanos" que, además de proteger la vida del feto, también protegen la vida de la madre. Human Rights Watch y Amnistía Internacional también se han movilizado por el caso de 'Beatriz'; varios relatores de la ONU han pedido al Gobierno que actúe para salvar su vida.

En España, el Gobierno prepara una reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo que aún no tiene una redacción clara sobre el supuesto de malformación del feto. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, favorable a la eliminación del mismo —dijo que "el aborto jamás podrá ser por razón de la discapacidad de una persona porque eso significaría crear ciudadanos de primera y de segunda"—, ha matizado en los últimos días su postura en algunas declaraciones, aludiendo a que la norma "resolverá las situaciones difíciles para la mujer", aunque sin dar más detalles.

Para Roa es "sorprendente" que se reabra el debate sobre este tema en España y cree que el caso de 'Beatriz' es "un ejemplo" a tomar en cuenta sobre lo que podría ocurrir si se cambia la legislación hacia posiciones más duras. Fuentes del Ministerio de Justicia han declinado valorar ante las preguntas de 20Minutos el caso de la joven salvadoreña por tratarse de un caso "muy concreto" y porque la reforma de la ley se encuentra "en plena elaboración".

Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha anunciado que ha ofrecido la ayuda del partido al embajador de El Salvador en España, Edgardo Suárez, para evitar un "trágico desenlace" y asegura que la delegación diplomática se ha comprometido a trasladar la propuesta a las autoridades del país. "No vamos a dejarla sola", ha dicho en un comentario en su perfil de la red social Facebook.

Por otro lado, el colectivo Derecho a Vivir ha denunciado en un comunicado que el caso "está siendo manipulado por los partidarios del aborto" y que "ni la enfermedad de la madre es perjudicial para el embarazo y el niño, ni la enfermedad del niño pone en peligro la vida de la madre".