El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha anulado la aprobación provisional de plan parcial de Rabasa llevada a cabo por el Ayuntamiento de Alicante en junio de 2006 a una empresa del empresario Enrique Ortiz, imputado en el 'caso Brugal', y deja sin efecto también la posterior aprobación del mismo planeamiento urbanístico concedida por la Generalitat Valenciana en mayo de 2009.

En una sentencia del 30 de abril, la sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJCV estima el recurso interpuesto por dos particulares y ordena anular la resolución del conseller de Medio Ambiente, Agua Urbanismo y Vivienda, que en mayo de 2009 aprobó la Homologación y Plan Parcial del Sector Lagunas de Rabasa de Alicante.

Igualmente, deja sin efecto el acuerdo adoptado por el pleno del Ayuntamiento de Alicante en junio de 2006, por el cual se aprobó provisionalmente la homologación, el plan parcial y PAI de la U.E. única del sector Rabasa, en cuanto la adjudicación al agente urbanizador, la mercantil Viviendas Sociales del Mediterráneo S.L., propiedad del empresario Enrique Ortiz.