El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) designará a un magistrado ponente para estudiar la inhibición planteada por el juez instructor del caso Nóos, José Castro, sobre el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en relación con las negociaciones previas del evento Valencia Summit, por el que el Instituto Nóos percibió alrededor de tres millones de euros públicos.

El juez Castro ha propuesto este mismo miércoles, tras recibir ayer el certificado de aforamiento de Camps y Barberá —remitido por las Cortes Valencianas—, que el tribunal valenciano asuma una parte de la investigación del proceso, la relacionada con el expresidente y la alcaldesa.

Ahora, cuando el TSJCV reciba la exposición motiva del juez Castro, tendrá que designar, como en todos los procedimientos, a un magistrado ponente, que emitirá un informe sobre la competencia para investigar los hechos. Seguidamente, lo elevará a la Sala del tribunal valenciano.

Si en el informe se deja constancia de que no hay indicios de delito o de que no se ve competente para asumir la investigación, el tribunal valenciano devolverá la exposición al juez Castro. En caso contrario, si fuera competente, el paso siguiente sería designar un magistrado instructor para ocuparse de la causa. Para todos estos trámites no existe ningún plazo fijado.

Los nombres de Camps y Barberá han aparecido en varias ocasiones a lo largo de la instrucción de la causa, más en concreto en relación con la tramitación del Valencia Summit, por cuyas tres ediciones el Instituto Nóos presidido entonces por Iñaki Urdangarin percibió unos tres millones de euros —1,044 millones por cada edición, pese a que el coste real de cada una de ellas oscilaría alrededor de los 300.000 euros, según los investigadores—.