Ninguna empresa o administración pública podrá habilitar zonas para fumadores, y no tienen cabida posibles acuerdos entre los trabajadores y la dirección. Así lo ordena, bajo amenaza de sanción (de 601 a 10.000 euros), el anteproyecto de ley que fue aprobado el viernes el Consejo de Ministros para su trámite parlamentario, al que ha tenido acceso 20 minutos.

La prohibición de fumar será total en los centros de trabajo (salvo al aire libre) y en una larga lista de lugares como centros comerciales, salas de fiesta en las que se permita la entrada de menores, cabinas, cajeros y otros espacios de uso público con una superficie que no supere los cinco metros cuadrados; estaciones de autobuses, ferroviarias y marítimas (excepto al aire libre); transportes, centros docentes, zonas de atención al público...

La norma enumera otros lugares donde se permite habilitar espacios para fumadores, señalizados y separados del resto, tales como establecimientos de hostelería y restauración con una superficie de 100 metros cuadrados o más, aeropuertos, centros de atención social, hoteles, etc.

No obstante, la ley da un trato especial a los pequeños bares y restaurantes, que deberán informar, en lugar visible en su entrada, acerca de la decisión de permitir fumar o no en su interior.

MULTA DE 30 EUROS

La multa por encender un cigarrillo en un lugar donde esté prohibido es de 30 euros, y de hasta 600 si se reincide.

Respecto al suministro, desaparecen como puntos de venta las tiendas 24 horas, gasolineras, establecimientos de inmigrantes y similares. Sólo podrá comprarse tabaco en estancos y máquinas expendedoras autorizadas (no podrán estar en los porches o pórticos). El sector ha alertado de que esta medida puede crear desabastecimiento, así como propiciar el contrabando y la venta ilegal.

BAJA UN 6% LA VENTA DE CIGARRILLOS

Por primera vez en cinco años, la venta de cigarrillos descendió en el primer trimestre de 2005. Con 20.629 millones de cajetillas dispensadas, cayó un 6,2% respecto al mismo periodo de 2004. Cataluña lideró las ventas, seguida de Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid (129 millones), País Vasco y Galicia.

LO QUE OPINAN...

El Consejo de Estado: Recomendó ajustar las sanciones (se ha hecho).

El Consejo Económico y Social/CES: Como órgano, desaprueba el anteproyecto por «coercitivo».

Los consumidores: Las organizaciones apoyan el texto, pero piden eliminar la venta en máquinas.

Los sindicatos: Sostienen que puede dar lugar a conflictos en el trabajo.

Los empresarios: Critican el texto y se quejan de no haber sido consultados.

Los médicos: Es la intervención en salud pública más importante en años.

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