La Fiscalía de Málaga ha iniciado diligencias de investigación penal tras las denuncias presentadas por los vecinos de la barriada malagueña de La Palmilla sobre supuestas coacciones en los acuerdos firmados con la Empresa Municipal de Aguas de Málaga (Emasa) para resolver la deuda.

Así lo ha asegurado este miércoles el abogado de las familias afectadas, José Cosín, quien, además, ha manifestado, en declaraciones a Europa Press, que ya ha solicitado en el Juzgado Decano la suspensión de todos los procedimientos civiles "por existir una investigación penal en marcha".

Así, Cosín ha afirmado que "los vecinos, coaccionados y bajo la amenaza de que podrían acabar en la cárcel, firmaron un documento en el que muchos de ellos no sabían ni lo que ponía". El abogado no comparte "la forma que se ha utilizado para arrancar los reconocimientos de deuda a las familias".

Los vecinos llevan meses reclamando una solución al Ayuntamiento de Málaga debido a la deuda que mantienen con Emasa 1.700 familias de la barriada. Según el escrito presentado por el abogado de los afectados para solicitar la paralización de los procedimientos civiles, "la Empresa Municipal de Aguas decidió poner fin al conflicto contratando a una compañía cobradora de morosos, para recaudar las deudas de las familias de la zona".

En el escrito remitido al juzgado Decano, los vecinos argumentan que "con los años, dadas las defunciones y traslados, los inmuebles han sido ocupados por otros inquilinos y al carecer de escritura pública y pasar la vivienda a otras familias, se han trasmitido las deudas que gravan los inmuebles".

"La deuda con la suministradora de agua se iba acumulando, a pesar de que el auténtico deudor es el titular del contrato de suministro, que hoy en día nunca coincide con el actual propietario del inmueble", han precisado los vecinos en el escrito entregado en los tribunales.

Así, en dicho documento se solicita que "se informe a todos los jueces de Primera Instancia para que valoren la suspensión de los procedimientos civiles hasta que se determine si los reconocimientos de deuda que dan origen a los 1.800 procedimientos —1.400 civiles y 400 penales— han sido obtenidos bajo coacción".

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