La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Mallorca ha criticado que la Ley Antidesahucios del Gobierno central "favorece una vez más" a la banca y deja en la "indefensión" a las personas afectadas "complicando todavía más su situación".

En un comunicado, la PAH de Mallorca ha señalado que ante el hecho probado de que la Ley Hipotecaria es "ilegal", no se establece una moratoria que permita revisar todos los procedimientos en curso, sino que fija un plazo de un mes para que las personas hagan sus alegaciones por cláusulas abusivas, que finaliza el 16 de junio, "dando por informada a la totalidad de la población con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de esta medida y generando una situación de inseguridad jurídica por notificación mal realizada".

Así, ha apuntado que frente a la petición del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de casi millón y medio de firmas que avalaban la Iniciativa Legislativa Popular, el PP ha dictado una Ley que, en su opinión, "no respeta un procedimiento con todas las garantías legales necesarias".

Además, la PAH ha censurado que esta normativa "pretende legalizar las cláusulas abusivas", al tiempo que "mantiene los desalojos forzosos violando sistemáticamente los convenios para la protección de las personas de ámbito internacional que suscribe el Estado Español y la propia declaración de los derechos humanos".

Finalmente, reprueba que la Ley Antidesahucios "mantiene la deuda perpetua provocando la muerte civil del deudor hipotecario, con unas medidas que impiden al 99% de las personas afectadas la posibilidad de una segunda oportunidad tras la ejecución hipotecaria".

Ante este "despropósito", la PAH propone un "Kit de Emergencia", para facilitar a las personas afectadas con procedimientos en curso plantear las cláusulas abusivas antes del día 16 de junio.

Asimismo, hace un llamamiento a los jueces para que actúen de oficio en el análisis de las cláusulas abusivas, o bien permitiendo la alegación de cláusulas abusivas por procedimientos en curso más allá del periodo establecido por el Gobierno, con el fin de "evitar la indefensión generada por mala notificación".

Por otro lado, hace un llamamiento a la población denunciando la "vulneración sistemática de los derechos humanos para favorecer la especulación inmobiliaria, manteniendo una situación de emergencia habitacional, pese a haber más de 3,5 millones de viviendas vacías".

Por lo tanto, la PAH considera que se justifican las acciones de "desobediencia civil pacífica" para parar los desahucios y la recuperación de las viviendas vacías que "incumplen su función social".