El Gobierno de Cantabria ha presentado este martes a los grupos parlamentarios una nueva redacción de su proyecto de ley para dar una solución a los derribos, que acerca aún más al PRC, que ve "posible el entendimiento" y su apoyo al texto tras el "cambio de enfoque" aceptado por el Ejecutivo, y mantiene a la expectativa al PSOE, que no tomará una decisión hasta conocer la opinión de los expertos jurídicos.

Así lo han valorado los representantes de los grupos regionalista y socialista tras concluir su reunión en el Parlamento con el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández.

PRC

Por su parte, los regionalistas han subrayado que el "cambio de enfoque" aceptado, según señalan, por el consejero permite que la nueva norma se "ajuste mejor" a la legislación vigente y a las competencias de Cantabria, sea "más respetuosa" con las resoluciones judiciales y "acorde al sentido común".

Así lo ha dado a conocer el portavoz del PRC, Rafael de la Sierra, quien ha considerado "productivo" el encuentro y se ha declarado "moderadamente satisfecho", aunque ha avisado de que "aún quedan flecos que serán abordados" en una nueva reunión, que podría celebrarse este miércoles.

Acompañado en la reunión por su compañero de grupo y exconsejero de Ordenación del Terrritorio, José María Mazón, De la Sierra ha recordado que los regionalistas compartieron "desde el primer momento" el "objetivo" del proyecto de ley y "parte de sus contenido" pero "había cuestionado" el enfoque de la exposición de motivos.

Según señala, en ese enfoque se partía "lisa y llanamente de la confesada intención de impedir o demorar la ejecución de sentencias de derribo", justificada —apunta— en la imposibilidad material de abonar las indemnizaciones y en la necesidad de conseguir tiempo para ejecutar el plan elaborado por el Ejecutivo.

Aunque De la Sierra ha reconocido que si bien la necesidad de esta nueva reforma deriva precisamente del problema que suponen dichas sentencias, ha defendido que la motivación de la ley "no puede ser impedir, dificultar o eludir la ejecución" pues la comunidad autónoma "carece de competencias en relación con la normativa sobre el procedimiento judicial".

Por ello, ha planteado una alternativa que, a su juicio, es "acorde" con las competencias autonómicas y está dirigida a "la mayor eficacia de los planeamientos urbanísticos en tramitación y a proporcionar medios para evitar actuaciones irreversibles", como el derribo sobre edificaciones que resultarían "ajustadas a derecho" en los nuevos planes generales de ordenación urbana.

Según los regionalistas, se obvia así "cualquier referencia, y mucho menos limitación de su ámbito a las edificaciones afectadas por sentencias y órdenes de demolición".

Con este fin, ha abogado por seguir "lo más fielmente posible" el régimen ya vigente en la ley del suelo en lo relativo al momento en que se pueden autorizar las edificaciones preexistentes al nuevo planeamiento, el órgano que debe otorgar la autorización, que debe ser el Pleno y no el alcalde, y la duración de esas autorizaciones, que a su juicio debe establecerse en tres años como máximo desde la aprobación inicial.

Asimismo, ha propuesto una ampliación del plazo de suspensión de licencias a dos años como máximo desde la aprobación inicial, sin perjuicio de la finalización de la suspensión en el momento de la aprobación definitiva.

"Con esta solución sobran todos los requisitos y salvedades que recoge el proyecto del Gobierno y que suponen un farragoso e innecesario trámite nuevo en la normativa de planeamiento", ha explicado De la Sierra.

A su juicio, la modificación legal dará a los jueces y a los tribunales "una posibilidad" de valorar la oportunidad de suspender, modificar o retrasar temporalmente la ejecución de las sentencias, cuando entiendan que ello supone "una mejor defensa del interés público, ponderando los intereses generales y particulares que pueden encontrarse en conflicto y especialmente considerando la conveniencia de evitar daños irreversibles en edificaciones que serían legales en un breve espacio de tiempo con el nuevo planeamiento".

El psoe, A

La espera de los jurídicos

Por su parte, en declaraciones a Europa Press, el diputado socialista Miguel Ángel Palacio, uno de los presentes en la reunión, ha explicado que estudiará la nueva redacción presentada por el Gobierno, pedirá un informe jurídico y "decidirá después".

Palacio ha subrayado que los socialistas "no quieren" que Cantabria reciba un "nuevo varapalo" del Tribunal Constitucional y tampoco "meter a los propietarios en un conflicto de juicios interminables".

Según ha señalado, los socialistas apuestan por buscar acuerdos con ARCA para "rebajar la conflictividad" sobre esta cuestión.

Desde el PSOE ha afirmado que ha tomado su decisión "con rigurosidad" y ha reconocido que, por el momento, el "mayor acercamiento" es entre PP y PRC.

En la reunión, Palacio ha acudido acompañado de su compañero de grupo Juan Guimerans.