La Rioja contabiliza un total de 164 puntos de vertido incontrolado, de los cuales 133 se encuentran en terrenos municipales y, de ellos, 105 requieren una obra de restitución, mientras que en las restantes 28 localizaciones resultará suficiente con la retirada de los residuos.

Ante esta situación, el consejero de Agricultura, Íñigo Nagore, ha reclamado "la colaboración y la cooperación entre el Gobierno de La Rioja y los municipios de la comunidad, además de la imprescindible implicación ciudadana, para prevenir los problemas causados por los puntos de vertido incontrolado y lograr una gestión adecuada de los residuos especiales y recuperar las zonas deterioradas".

Nagore ha ahondado este martes en esta idea durante la reunión del Consejo Asesor de Medio Ambiente en la que se han expuesto las principales líneas para establecer un modelo de gestión de los residuos procedentes de la construcción y objetos voluminosos, caso de electrodomésticos, muebles o colchones, que se abandonan en determinados lugares públicos, ocasionando un deterioro del paisaje, la contaminación del medio ambiente y la propagación de incendios.

Con objeto de promover su prevención, reutilización, reciclado, valorización y el adecuado tratamiento, el texto normativo establece los criterios comunes a toda La Rioja para constituir una fianza vinculada a la correcta gestión de estos residuos, así como los procedimientos para llevar acabo una valorización correcta de los mismos a través de gestores de residuos, en la propia obra o mediante la restauración de espacios deteriorados.

Igualmente, se establece un registro de aquellas instalaciones que generan más de mas 1.000 toneladas de residuos al año y se mejora el control de aquellos traslados de residuos orgánicos que puedan producirse a la comunidad autónoma, como lodos de depuradora o material bioestabilizado, que pretenden ser incorporados al suelo como enmienda orgánica, pudiendo ser denegada la introducción de estos residuos si no están garantizadas la adecuación del residuo orgánico a los cultivos, con una protección de la salud y del medio ambiente.

En la actualidad, existen en La Rioja 164 puntos de vertido incontrolado, de los cuales 133 se encuentran en terrenos municipales y, de ellos, 105 requieren una obra de restitución, mientras que en las restantes 28 localizaciones resultará suficiente con la retirada de los residuos.

El consejero de Medio Ambiente ha avanzado que en breve se aprobará el decreto sobre la gestión y tratamiento de residuos de construcción y demolición (RCD), en el que se diferenciará entre obra menor (residuos domiciliarios de gestión municipal) y obra mayor (residuos que deben ser entregados por el promotor a un gestor autorizado o valorizarlos con sus propios medios).

Asimismo, se ha analizado un modelo de ordenanza dirigido fundamentalmente a municipios con menos de 5.000 habitantes para regular esta materia con el fin de lograr la correcta gestión de los residuos.

Tramitación del plan hidrológico del ebro.

Por otro lado, se ha informado de la tramitación del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro. El Gobierno de La Rioja presentó a este procedimiento un documento con 44 mejoras, vinculadas a la mejora de las infraestructuras hidráulicas (completar las obras de las presas de Enciso y Soto-Terroba, la entrada en servicio de la del Regajo, además de la construcción de nuevas infraestructuras en la cabecera del Oja y Cigudosa-Valdeprado, entre otras), además del desarrollo y modernización de los regadíos y la agricultura en la comunidad autónoma.

Además la Consejería de Medio Ambiente tiene previsto emprender en el segundo semestre del año el trámite para aprobar los planes de gestión y las declaraciones de Zonas de Espacial Conservación de seis espacios incluidos en la Red Natura 2000 de La Rioja.

Se trata de los Montes Obarenes y la Sierra de Cantabria; la sierra de Alcarama y el valle del Alhama; las peñas de Iregua, Leza y Jubera y Arnedillo, Pañalmonte e Isasa; las sierras de la Demanda, Picos de Urbión, Cebollera y Cameros, además de los sotos y las riberas del Ebro.

De acuerdo a la normativa comunitaria, ambos trámites persiguen contribuir a la conservación de los hábitats naturales y la flora y fauna silvestre de estos seis espacios naturales, que en conjunto ocupan una superficie de 167.611 hectáreas, cerca de un tercio de la comunidad autónoma.

Por último, también se ha detallado el calendario para la aprobación de planes de recuperación y conservación de especies amenazadas.