El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes un decreto-ley de medidas de carácter urgente para desarrollar el plan de choque por el empleo formulado el pasado mes de febrero en el que se incluye la regulación del bono de empleo joven, que estará dotado con 15 millones de euros y tendrá 3.125 beneficiarios hasta 2014 que percibirán 4.800 euros anuales distribuidos en doce mensualidades que podrán verse incrementados mediante iniciativas privadas.

Así lo ha avanzado el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, durante la que ha detallado que el decreto-ley se articula en cuatro programas que, además de regular el bono de empleo Joven, amplía las ayudas para autónomos y economía social, establece el marco legal de las medidas extraordinarias de empleo acordadas en febrero y redefine las zonas prioritarias para su aplicación.

Según ha detallado Ávila, la norma, que entrará en vigor de forma inmediata tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), incluye un primer programa que articula el bono de empleo joven con un presupuesto inicial de 15 millones de euros en el periodo 2013-2014 y una previsión de 3.125 beneficiarios. El bono se dirige a titulados universitarios, de Formación Profesional de grado medio o superior y graduados en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) procedentes del Programa Segunda Oportunidad Educativa.

Se trata de una ayuda de 4.800 euros para menores de 35 años, distribuida en 12 mensualidades de 400 euros y que se hará efectiva cuando se formalice un contrato laboral por un periodo mínimo de 12 meses a jornada completa. De acuerdo con la regulación aprobada, el beneficiario conserva el derecho a la prestación en caso de que se extinga su contrato sin finalizar el año, disponiendo de tres meses para encontrar otro empleo y completar las mensualidades pendientes.

La norma excluye aquellas contrataciones en las que el empleador, o los cargos directivos o miembros de los órganos de administración de las entidades interesadas, tengan con la persona aspirante a la ayuda una relación de parentesco hasta el segundo grado, tanto de consaguinidad como de afinidad, y sus análogas en el caso de las uniones de hecho. También quedan fuera del ámbito de la prestación los contratos realizados a través de empresas de trabajo temporal.