Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional, en una imagen de archivo. EFE

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad que planteó la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional sobre la supresión de la paga extraordinaria de diciembre al personal laboral del sector público.

La Audiencia entendía que podría ser ilegal haber tomado esta medida con carácter retroactivo —la paga se suspendió en julio de 2012, cuando ya se habían devengado 15 días de este salario—, por lo que pidió al TC que se pronunciara sobre esta cuestión. Ahora, el Alto Tribunal, en una providencia fechada el pasado 22 de mayo, ha aceptado la cuestión planteada, que no afecta a los funcionarios de carrera.

El Real Decreto-Ley de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad del 13 de julio de 2012 decía, en relación al personal laboral, que no percibiría "las cantidades en concepto de gratificación extraordinaria con ocasión de las fiestas de Navidad o paga extraordinaria o equivalente del mes de diciembre del año 2012".

La reducción, decía el texto, comprendería "la de todos los conceptos retributivos que forman parte de dicha paga de acuerdo con los convenios colectivos que resulten de aplicación".

Asimismo, explicaba que la aplicación de la medida se realizaría en la nómina de diciembre de 2012, "sin perjuicio de que pueda alterarse la distribución definitiva de la reducción en los ámbitos correspondientes mediante la negociación colectiva, pudiendo, en este caso, acordarse que dicha reducción se ejecute de forma prorrateada entre las nóminas pendientes de percibir en el presente ejercicio a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley".

Es justamente el interés general lo que se ataca En una resolución conocida el pasado 1 de marzo, los magistrados de la Audiencia Nacional señalaban que la situación actual de crisis, "altamente inquietante y de dimensiones extraordinarias, probablemente justifique medidas restrictivas de derechos" como las que se han adoptado en los últimos tiempos, pero precisaban que ello "no abre la puerta, sin más, a que esas restricciones operen de modo retroactivo".

"En la medida en que la norma suprime el derecho de los trabajadores a percibir cuantías ya devengadas, expresamos nuestras dudas sobre su ajuste constitucional", recalcaban los magistrados. Y ello porque el precepto elimina la paga extraordinaria "sin excepción alguna respecto de la parte que ya se hubiera devengado a la fecha de su entrada en vigor, el 15 de julio de 2012", es decir, que la paga extra es un salario referido a todo el año y se suspendió por completo en julio.

Por ello, la Sala Social de la Audiencia Nacional pedía al tribunal de garantías que resolviera si el Real Decreto 20/2012, que supuso la supresión de la extra de diciembre, contraviene el artículo 9.3 de la Constitución Española, que impide aplicar las normas con efectos retroactivos y en concreto "la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales".

Para los magistrados de la Audiencia Nacional, este caso no cumple con las "exigencias cualificadas" que el Tribunal Constitucional demanda para poder aplicar una medida que restrinja derechos fundamentales.

"A nuestro entender, la reducción del déficit público puede justificar muchas cosas, pero no reúne la nota de cualificación absolutamente excepcional que sería necesaria. Es justamente el interés general lo que se ataca cuando se niega a quienes ya han prestado sus servicios el derecho a percibir el salario correspondiente", explicaban en el auto, en el que aclaraban que no se referían a los funcionarios, sino sólo al personal laboral.

La paga se devenga día a día

La Audiencia recordaba en su escrito que existe doctrina del Tribunal Supremo en la que se establece que la paga extra se devenga día a día, aunque se pague al final de cada semestre.

En este caso concreto, la norma que suprimía esta remuneración entró en vigor el 15 de julio de 2012, con lo que 14 días ya se habían devengado, puesto que el 30 de junio se había pagado la extra del primer semestre.

La resolución que emitió la Audiencia respondía a un recurso planteado por representantes sindicales de la Compañía Española de Tabaco en Rama (Cetarsa), participada mayoritaria y directamente por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).