Los municipios podrán obligar a trabajar a parados bajo amenaza de perder la prestación

  • Por un máximo de seis meses y en jornadas de hasta ocho horas.
  • La Comunidad asegura que no harán labores propias de funcionarios, pero los sindicatos tildan la medida de "explotación".
Un barrendero de Madrid.
Un barrendero de Madrid.
JORGE PARÍS

Cualquier parado madrileño que cobre una prestación podrá ser obligado a trabajar durante seis meses y en jornadas de hasta ocho horas en su ayuntamiento a partir de octubre. Lo hará sin contrato, sin estar dado de alta en la Seguridad Social, sin cotizar y, por tanto, consumiendo su prestación por desempleo. Si se niega, podrá perder el subsidio, según confirmó a 20minutos la Consejería de Empleo.

Esto será posible gracias al Programa de Recualificación Profesional de Desempleados Participantes en Trabajos Temporales de Colaboración Social, una iniciativa de la Comunidad de Madrid que está incluida en la reforma laboral del Gobierno central y que le permitirá a sacar a todos los designados de la lista del paro.

Mediante este programa, dotado con 15 millones de euros, todos los consistorios podrán optar a subvenciones para reclutar hasta 100 trabajadores. En total, se beneficiarán "al menos" 4.500, según el Ejecutivo autonómico. Tendrán preferencia los municipios más pequeños.

La aportación de la Comunidad a cada ayuntamiento será de un máximo de 500 euros por persona. Ese dinero debe cubrir los costes de desplazamiento (abono transporte) y la cuota por accidente de trabajo y enfermedad profesional (seguro). Otra parte servirá para dar al empleado un complemento económico hasta alcanzar la base reguladora por la que cotizaba nates de perder su puesto anterior.

El importe dependerá, en cada caso, del subsidio que esté cobrando. En conjunto, sumando la prestación y el complemento, nadie podrá ingresar al mes menos del salario mínimo interprofesional, situado en los 654,30 euros.

Empleo pondrá otros 5 euros para sufragar 60 horas de formación de cada trabajador, que ni siquiera tendrá que ser específica para la labor que se le encargue. El beneficiario también será orientado en la búsqueda activa de empleo o la creación de un negocio propio.

La convocatoria de subvenciones, que se publicó el pasado martes en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) y se resolverá en cuatro meses, tiene el rechazo frontal de los sindicatos. "Van a ocupar puestos de trabajo en los mismos ayuntamientos donde se está reduciendo plantilla mediante Expedientes de Regulación de Empleo. Es una explotación de los parados", critica Isabel Vilabella, secretaria de Relaciones Laborales y Formación de UGT Madrid.

La consejera de Empleo, Ana Isabel Mariño, defendió este miércoles en la Cadena Ser que la iniciativa pretende crear un "círculo virtuoso" dando una ocupación a los parados y ayudándoles a mejorar su empleabilidad. Además, negó que los parados vayan a sustituir a funcionarios alegando que estas 'contrataciones' solo se realizarán "para algo específico y puntual".

Sin embargo, ni la ley ni la orden emitida por la Comunidad de Madrid detallan que es ese "algo". La normativa aplicable, el Real Decreto 1445/1982, solo califica estas labores como de "utilidad social o en beneficio de la comunidad". La definición es tan amplia, apuntan desde UGT, que cabe "prácticamente todo".

La propia orden regional establece que, a la hora de conceder las subvenciones, se priorizarán las "obras o servicios" vinculados al turismo, la rehabilitación de edificios públicos y privados, el tratamiento de residuos, la ayuda a personas dependientes o las actividades culturales y deportivas, aunque no excluye otras.

Antecedentes

La vía de obligar a desempleados a realizar trabajos de índole "social" está vigente desde el año 1982, pero nunca se ha generalizado. A nivel estatal, y con 5,9 millones de parados, solo 2.369 trabajaron para el conjunto de las administraciones públicas en el primer cuatrimestre del año, según los datos aportados por la secretaria confederal de Empleo de CCOO, Paloma López.

En Madrid, una treintena de Ayuntamientos tienen programas similares con fondos propios. Móstoles es uno de ellos, aunque apuntarse es voluntario. Otros como Fuenlabrada o Alcalá de Henares nunca han recurrido a la vía de reclutar parados que da la ley de 1982.

Aunque la posibilidad de que los seleccionados a través de las oficinas de empleo pierdan el paro durante seis meses si se niegan a participar es real y figura en la normativa, la Consejería confía en que esto no ocurrirá en la práctica. "En Móstoles hay una lista de espera de 900 personas para 100 puestos. Si alguien no quiere ir o tiene un motivo, se llamará al siguiente y ya está", explica un portavoz.

El programa de trabajos sociales va dirigido únicamente a las personas que cobran la prestación. Esto hace que quienes la han agotado o carecen de ella, es decir, quienes se han quedado sin ingresos, no puedan participar. Para ellos, apunta empleo, ya hay otros dos programas de formación que suman 37 millones, además de los 116 millones restantes del Plan de Empleo vigente y que se dirige a todos los que buscan un puesto.

La Comunidad ya admitió la semana pasada haber puesto en marcha un programa "experimental" en cuatro oficinas de empleo regionales por el que los servicios públicos solo buscaban trabajo a los perceptores del paro. El resto, se quedaba fuera. Después de la polémica generada, la consejera Mariño, reculó y anunció que, en contra de sus planes iniciales, no extendería la medida al resto de oficinas de la Comunidad.

"No nos interesa"

Julián Olmos, de 56 años y residente en Fuenlabrada, es tapicero. El taller en el que trabajaba cerró hace dos meses y su jefe les dejó a deber dinero. A su juicio, la iniciativa de la Comunidad de Madrid para que los desempleados trabajen para los ayuntamientos es un mal negocio: "A los parados no nos interesa . ¿Cómo vamos a gastar el paro y estar trabajando a la vez?".

"Por el poco dinero de más que nos van a dar, prefiero estar buscando un trabajo con el que pagar mi casa y las facturas. Si necesitan hacer trabajos, que contraten gente y nos den de alta en la Seguridad Social", propone.

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