El exdelegado especial del Estado para la Zona Franca de Cádiz Manuel Rodríguez de Castro ha prestado declaración este lunes como acusado en el denominado 'caso Rilco' en la Audiencia Provincial de Cádiz, donde ha defendido que su actuación fue "impecable", que "jamás tocó el dinero" y que actuó al dictado de los abogados del Estado Manuel Ponce y José Aurelio Ruiz, ya que "nada se hacía sin su conocimiento". "Hicimos lo que decían sin más, con plena confianza y hasta el último minuto", aunque cuando ganó el PSOE las elecciones en 2004 "se desdigan de todo lo que han hecho", agrega.

Rodríguez de Castro no ha reconocido su firma en ninguno de los documentos que se le han mostrado durante el interrogatorio, aludiendo a una posible "falsificación" de los mismos. No en vano, ha recordado que denunció en su día la "sustracción" de documentos de su despacho, entre los que figuraban contratos, informes técnicos o estudios de viabilidad, que "curiosamente aparecen ahora aquí" y, a su entender, "manipulados". Sospecha que dicha "manipulación" pudo hacerse durante los años en los que el PSOE estuvo en el Gobierno.

Ha insistido en señalar a los abogados del Estado como las personas que redactaban los contratos, decidían sobre la petición de créditos reembolsables a distintos ministerios y concebían todo lo relacionado con Rilco, a cuyo "mejor criterio" se "sometía". Según su testimonio, también se diseñó con los abogados del Estado el proyecto Rilco en fases —la fase primera con Sainco para el desarrollo del prototipo FAM, la segunda con Miami Free Zone y la tercera con Telvent—.

Asegura que confió "ciegamente en las instrucciones de los abogados del Estado", de quienes ha dicho, además, que cobraban "un dineral". Ha concretado que recibían "3.000 euros mensuales y también cobraban en especie", aludiendo "libros, regalos o incluso jamones, todo lo que estuviera dentro de mis capacidades".

No descarta que los reseñados tuvieran "motivaciones personales" en Rilco y ha criticado que actuaran con "cierta soberbia" en el sentido de que "ellos eran los que sabían de todo y los demás éramos unos incompetentes". Así, "muchas veces" se hacía lo que ellos indicaban porque "no quedaba otra", empleando en ocasiones fórmulas, a su entender, "amenazantes" que consistían en alertar de las consecuencias que podrían tener las decisiones que tomaran aquellos que no eran "doctos".

Lamenta Rodríguez de Castro que los abogados del Estado "se han vuelto los peores enemigos de su asesorado, que era yo". Asimismo, ha hecho mención al "grave perjuicio" que desde hace 13 años ha causado todo este asunto a un "hombre de negocios" como él, que se ha visto "maltrecho hasta el punto de la ruina". Así, dice que "sobrevive como puede" en la actualidad y que depende de sus padres, con quienes asegura vivir en la localidad sevillana de Mairena del Aljarafe.

A preguntas del abogado del Estado, Rodríguez de Castro ha informado de que ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional ante lo que califica de "torturas" por parte de la Abogacía del Estado, la Agencia Tributaria o el Tribunal de Cuentas, entre otros.

En cuanto a Rilco, ha sostenido que su actuación fue "impecable" y que "jamás" tocó dinero alguno. También ha defendido la solvencia profesional de Miami Free Zone —empresa de los acusados Germán y Camila Leiva— desde el punto de vista tecnológico y del comercio exterior, calificándola como "la más avanzada en comercio electrónico internacional" en aquel entonces, lo que explica que resultara adjudicataria por delante de otras concurrentes como IBM o Siemens.

Entre otras cuestiones, también ha asegurado que no hizo ningún contrato en nombre de Rilco en el mes que transcurrió entre que cesó como delegado especial del Estado en la Zona Franca de Cádiz y como presidente del Consejo de Administración de Rilco S.A. entre mayo y junio del año 2001.

También ha negado haber compartido otros negocios personales con Leiva mientras era responsable de la Zona Franca o de Rilco. Fue después cuando constituyeron Iberiana con la intención de comercializar aceite de oliva en América, si bien no funcionó y Rodríguez de Castro compró su parte a Leiva. De igual forma, en 2003 quería desarrollar un proyecto y compró a Leiva la empresa Valtec, sociedad que éste tenía sin actividad, adquiriéndola "por un dólar", siendo esta una práctica que encuadran en la normalidad de los negocios.

Un desperdicio

En la sesión, que se ha prolongado durante diez horas, han prestado declaración el matrimonio compuesto por Germán y Camila Leiva, quienes han asegurado que el proyecto se hizo, se entregó y se comprobó que funcionaba, lamentando que haya sido "guardado en un cajón" por posible arbitrio político. El matrimonio ha dejado claro que no tenía económicamente ninguna necesidad y que el único interés que tenían era participar en un "lindo" proyecto.

En su intervención, el matrimonio ha explicado que de que durante 25 años han gestionado la Zona Franca de Miami, "la primera del mundo en manos privadas". Fueron quienes introdujeron el uso de ordenadores a la actividad, desarrollando el software aplicado al comercio internacional que se utiliza en las zonas francas de Estados Unidos (EEUU). Sobre el volumen de negocio, detallan que han llegado a generar 1.500 empleos directos y 3.500 indirectos, manejando un volumen de mercancías de 500 millones de dólares diarios.

En octubre de 2000 venden los activos de la Zona Franca de Miami por 43 millones de dólares, conllevando la venta un cambio de denominación en la empresa que ha dado lugar a cierta confusión en el proceso. Así, pese a que no tenían necesidades económicas, fueron animados a participar en Rilco por parte de Rodríguez de Castro, recibieron el pliego de condiciones por fax en Miami y se decidieron a participar "por gusto", por ser "un lindo proyecto".

Reconocen que debido a la premura que se requería, la presentación fue "mediocre", teniendo que enviar posteriormente documentación exigida. Resultaron adjudicatarios, no teniendo "nunca la impresión de estar contratando con una administración pública". De hecho, Leiva asegura que no trabaja con el sector público porque "no le interesa", apuntando que de haberlo tenido claro no lo habría hecho.

En cuanto a las facturas anticipadas emitidas por Miami Free Zone, Germán Leiva ha indicado que "no son facturas en sí" y que las emitieron porque "nos pidieron que las entregáramos para cumplir con un tema presupuestario" de Rilco —evitar perder las ayudas por no consumirlas en el año fiscal—.

Así las cosas, considera que la experiencia no ha tenido ningún provecho para ellos, ya que si obtuvo un beneficio de 300.000 euros lleva gastado "más del doble" en esta "absurda querella".

El testimonio de Camila se ha centrado más en la documentación hallada en el ordenador localizado con información sobre el proyecto Rilco y que, a diferencia de otra documentación en papel que poseían en un almacén, no se vio afectado por el huracán Catrina. En tres ocasiones ha negado al fiscal que dicha documentación haya sido "retocada".

También se ha centrado en los aspectos informáticos de este proyecto "único" que "nadie ha podido replicar a día de hoy" y que beneficiaba fundamentalmente a la pequeña y mediana empresa. Insiste en que el proyecto "se creó de la 'A' a la 'Z', el sistema funcionó y todas las pruebas nos indicaban que se podía hacer", considerando "increíble" que no se haya puesto en marcha finalmente.

Entre otros asuntos sobre los que ha sido cuestionada, ha explicado que no se informó de subcontratación, por no considerarla como tal, de empresas como Adriano 16 o Duater en las que se habrían apoyado para crear de la nada Rilco. Sí reconocen la subcontratación a Telvent, de la que informaron debidamente a los interlocutores del proyecto en la Zona Franca de Cádiz.