El abogado de los cuatro acusados de lanzar tartas a la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, en un acto en Toulouse (Francia) en 2011, cree desproporcionado que por estos hechos la Fiscalía les pida cinco años de cárcel y multa de 2.700 euros a cada uno por un delito de atentado contra la autoridad.

Así lo ha planteado el abogado defensor Gonzalo Boyé, en la vista del artículo de previo pronunciamiento que este viernes se ha celebrado ante la sección primera de lo Penal de la Audiencia Nacional para estudiar si este tribunal es competente para juzgar estos hechos.

La fiscal Blanca Rodríguez y el abogado de Barcina han defendido en la vista que el juicio se celebre en la Audiencia Nacional porque, aunque los hechos sucedieron en Francia, los acusados son españoles y la víctima también.

Boyé, que ha promovido esta cuestión competencial, ha alegado que existe un conflicto de jurisdicción porque los hechos deberían ser, en todo caso, objeto de juicio en Francia, y de hecho ha recordado que a los acusados se les abrió allí una investigación, que después se archivó, por dos faltas: una de violencia voluntaria y otra de daños abiertos, castigadas ambas con multa.

Se trataría por tanto de una "cosa juzgada" con lo que tampoco se les podría juzgar por una causa ya archivada en el país donde sucedió la agresión y ha cuestionado que por el mismo hecho en Francia se les pida multa y en España se les acuse de un delito de atentado contra la autoridad agravado, penado con hasta 10 años de cárcel.

Considera por ello "desproporcionada" la petición de la Fiscalía y ha recordado que al ciudadano kurdo que lanzó un zapato contra el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, fue condenado a tres años de cárcel.

En cuanto a la alegación de que la jurisdicción por estos hechos es la francesa y no la española, Boyé ha recordado que la Audiencia Nacional ha rechazado querellas argumentando que los hechos se investigaban en el país afectado, como ocurrió con las denuncias por el trato a los presos en Guantánamo o por ciertas acciones de Israel, por lo que no entiende que en España se haya seguido adelante con el procedimiento contra sus defendidos.

Si finalmente la Sala, compuesta por Fernando Grande-Marlaska, Nicolás Poveda y Manuela Fernández de Prado (ponente), decide ir a juicio, Boyé, que también ha criticado que haya sido la Policía foral navarra la que haya realizado la investigación, ha anunciado que recurrirá en casación ante el Tribunal Supremo.

Los hechos por los que se les acusa ocurrieron el 27 de octubre de 2011 cuando Barcina participaba en el 29 Consejo Plenario de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP), del que había sido nombrada presidenta por un periodo de dos años.

Los cuatro estaban presentes en ese acto cuando en un determinado momento se levantaron y se dirigieron hacia el estrado de las autoridades y uno de los acusados, el entonces teniente de alcalde de Arruazu (Navarra), Gorka Ovejero Gamboa, sacó de una carpeta "una tarta que portaba oculta, abalanzándose de forma sorpresiva y de manera enérgica" contra Barcina, "golpeándola de forma contundente en el rostro con dicha tarta".

Mientras "permanecía aturdida", los acusados Julio Martín Villanueva e Ibón García Garrido se acercaron por detrás a la presidenta, "que estaba privada de toda visión como consecuencia del impacto de la tarta en los ojos", y le "estamparon" en la cabeza las tartas que llevaban ocultas.

El cuarto acusado, Mikel Álvarez Forcada, irrumpió en la mesa de la ponencia, "apoyando a los procesados atacantes", indica la fiscal en su escrito de acusación.