El consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, ha dicho que no es partidario "como regla general" de una norma para que los maltratadores pierdan el derecho de régimen de visita o la patria potestad sobre sus hijos y ha considerado que hay que dar al juez "una gran libertad de discrecionalidad, eso sí, siempre que razone y motive su decisión, para que en cada caso concreto pueda decidir lo más conveniente para esos hijos menores".

Cuestionado por las voces que hablan de la retirada de dicho derecho en casos como el de Campillos (Málaga), en el que un padre acabó con la vida de su hija en un régimen de visita y luego se suicidó, que ha sido considerado por el Gobierno como un caso de violencia de género, De Llera ha indicado este viernes que "ese es un riesgo siempre latente", aunque ha incidido en que "tenemos que pensar siempre en el menor".

Así, ha asegurado que "el interés primordial es que el menor sea siempre atendido en todos los aspectos y siendo posible por ambos progenitores, aunque uno de los dos sea un malvado". "Yo he visto hijos que han ido a ver a su padre a la cárcel pese a que el padre había montado una historia en la familia horrorosa y eso es significativo", ha señalado el consejero.

Al respecto, De Llera, que ha hecho balance en Málaga del Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía (SAVA) durante 2012, ha considerado que "los seres humanos necesitamos padre y madre, o padre y padre o madre y madre, pero necesitamos más de un referente a esas edades".

"Entonces, yo no soy partidario como regla general de establecer una norma que diga no, todo maltratador pierde el derecho de visita con sus hijos y pierde la patria potestad sobre sus hijos. ¿Por qué? porque lo puede acabar matando. Es verdad, pero es como si decimos es que los robos se cometen por la calle, pues que nadie salga a la calle. Y decimos muerto el perro se acabó la rabia, pero no es la solución", ha manifestado en rueda de prensa.

En estos caso, ha apostado por ser "muy cautelosos y otorgar al juez una gran libertad de discrecionalidad, eso sí, siempre que razone y motive su decisión, para que en cada caso concreto pueda decidir lo más conveniente para esos hijos menores". "Yo creo mucho en la justicia", ha apostillado.

El delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha apuntado que en los casos en los que hay condena por maltrato las unidades de violencia de género "están capacitadas para emitir informes y que puedan ser tenidos en cuenta por los jueces en los casos en los que tengan que retirar el régimen de visitas o internamiento en casas de acogidas".

REFORMAS

Sobre que los registros civiles puedan estar en manos de los registradores de la propiedad, De Llera ha considerado que es "regresivo", indicando que la filiación, el estado civil, la defunción y la sucesión "son cosas de una importancia capital, son derechos de los ciudadanos que siempre han estado bajo la salvaguarda de los tribunales".

"Si se lo entregamos a los registradores de la propiedad, creo que es descafeinar la protección de esos derechos y supone una merma de la garantía que esos derechos merecen", ha señalado.

Sobre los tribunales de instancia, el consejero ha estimado que "son una necesidad" y ha recordado que ya se quisieron instalar en el último Gobierno socialista, aunque "entró el PP y olvidó este asunto que ahora parece que quieren retomar". Ha explicado que los juzgados y las audiencias son ahora "compartimentos estanco" y al final "siempre se produce un cuello de botella".

Al respecto, ha apuntado que los tribunales de instancia "pretenden poner varios jueces al frente de cada servicio o cada audiencia que resuelven en primera instancia los asuntos y si hay varios jueces en la cúpula no se produce ese estrechamiento que impide la celeridad en la resolución".

Pero ha indicado que "no es verdad que suponga cerrar servicios ni va a suponer el despido ni el prescindir de ningún número de trabajadores de la Administración de Justicia". Aunque ha dicho que a veces "sobran" funcionarios de justicia en algunas ciudades, por otro lado "faltan, sobre todo en las sedes judiciales rurales". Para evitar esto, ha apuntado, está el decreto de oficina judicial que permitirá una redistribución "sin tampoco trasladar forzoso a nadie, porque no vamos a hacer nada que perjudique a los sufridos funcionarios de justicia".

Asimismo, ha reconocido que los jueces están "soportando una carga de trabajo realmente extraordinaria", incidiendo en que España "necesita jueces y fiscales en cantidad, al estar muy por debajo de la media europea en la ratio por habitante".