El equipo de Gobierno en la Diputación de Granada, del PP, ha reclamado este jueves en pleno a la Junta que abone por adelantado el dinero que prevé remitir a los ayuntamientos en el marco del nuevo Decreto Ley contra la Exclusión Social, que incluye ayudas para contrataciones temporales a personas en riesgo de exclusión social.

Así, se han presentado dos enmiendas a la moción socialista de medidas de refuerzo a esta iniciativa del Gobierno andaluz con el objetivo de que dicha moción saliera adelante como declaración institucional consensuada por todos los grupos, según ha explicado la diputada delegada de Familia y Bienestar Social, Marta Nievas.

"No podemos entender que la Junta de Andalucía siga haciendo política de demagogia y de papel cuando, en realidad, son otras instituciones las que tienen que poner el dinero", ha declarado la diputada de Familia y Bienestar Social, que ha considerado "inexplicable" el hecho de que "el PSOE no vaya de la mano de los ayuntamientos y defienda no pedir este anticipo a la Junta de Andalucía". Ante esta situación, "nosotros estamos aquí para defender a los alcaldes y ayuntamientos de nuestra provincia", ha añadido.

El decreto de la Junta de Andalucía "tiene muchísimos defectos de forma" y "lagunas" pero, a pesar de ello, y "con el objetivo de que se pudiera crear un sólo puesto de trabajo, estamos dispuestos a apoyarlo", ha explicado Marta Nievas, aunque advierte de que esto "no es un cheque en blanco".

Por ello, el equipo de Gobierno ha defendido en el pleno este jueves, con la oposición del PSOE, el adelanto de la Junta de Andalucía a los ayuntamientos del dinero estipulado en el nuevo Decreto Ley como hace el Servicio Público Estatal de Empleo (SPEE) en las obras del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), antiguo PER, que envía a los alcaldes el 75 por ciento del importe de las obras, el 100 por cien en algunos casos para poder abonar en tiempo y forma las nóminas a los jornaleros.

Edil de santa fe

Por otra parte, la diputada Marta Nievas se ha referido a la situación creada tras la condena impuesta a la edil de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santa Fe, Sonia Canalejo Fernández, por agredir a una vecina. "Estamos esperando que el PSOE y, especialmente, su portavoz en Santa Fe, el diputado José María Aponte, se pronuncie como señaló que se pronunciaría cuando hubiera sentencia firme", ha reseñado Marta Nievas.

Para la diputada de Familia, es una contradicción que "un partido que dice que está con los más débiles y vulnerables defienda y ampare a una concejal de Servicios Sociales, que debería estar sensibilizada con los más débiles de su municipio, cuando tiene una sentencia en firme por haber dado una bofetada a una vecina".

Según ha explicado Nievas, éste "es un acto lo suficientemente grave como para que esté hoy su dimisión encima de la mesa" pero no es así y, mientras tanto, los dirigentes socialistas de la provincia "quieren dar lecciones de honestidad, de transparencia y de lucha contra la violencia de género cuando una concejala que da una bofetada a una vecina de su propio pueblo sigue ejerciendo su cargo".

La Corporación Provincial ha dado comienzo a su pleno ordinario del mes de mayo con el correspondiente minuto de silencio en recuerdo de las últimas víctimas de violencia de género, en Córdoba y León, a las que se ha unido en los últimos días el caso del hombre hallado muerto en Charches, en Valle del Zabalí, a manos supuestamente de su compañera sentimental.