El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Huelva juzgará entre el 5 y el 7 de junio a doce personas, por pertenecer supuestamente a una red acusada de introducir en agosto de 2011 más de 3,6 toneladas de hachís por el puerto de Isla Cristina. Entre los imputados se encuentran un agente de la Guardia Civil y Anselmo Sevillano, considerado por la Policía Nacional como el mayor traficante de Europa y que fue detenido en agosto de 2011 en una urbanización de lujo de Estepona (Málaga), donde permanecía huido de la justicia por incumplir una condena anterior por tráfico de drogas.

Según reza en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, este considera los hechos constitutivos de un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que no causan grave daño a la salud y cometido en condiciones de extrema gravedad, tanto por la cantidad como por el uso de embarcación; de un delito de pertenencia a grupo criminal; de dos delitos de falsedad en documento oficial y de un delito de revelación de secretos e información.

Por ello, pide alrededor de 75 años de prisión para los presuntos componentes de esta red y multas millonarias de 25 y 45 millones de euros para cada uno.

A su vez, procede decretar el comiso y destrucción de la droga intervenida y de la embarcación, de los teléfonos satélite, de los terminales de teléfono móvil, de las tarjetas, de los GPS, de los cargadores, de las baterías, del ordenador portátil, de los equipos de vigilancia, del dinero y de los vehículos intervenidos.

Los hechos se remontan a agosto de 2011 y el fiscal considera acreditado que los acusados, actuando de común acuerdo y con la intención de obtener un beneficio patrimonial ilícito, al menos durante los meses de julio y agosto de 2011 llevaron a cabo las labores oportunas para la introducción en España de un cargamento de hachís procedente de Marruecos y su desembarco en el puerto de Isla Cristina, para su alijo y posterior distribución y comercialización a terceros. Concretamente, la tarde del 21 de agosto de ese año se procedió por parte de estos al traslado al interior de las instalaciones de los astilleros en Isla de una embarcación que transportaba 113 fardos, que arrojaron un peso neto de 3,6 toneladas de hachís.

Los acusados, para el ejercicio de su ilícita actividad se relacionaban entre si jerárquicamente, teniendo establecido un sistema de comunicaciones telefónicas en clave a través de los cuales se informaban acerca de la existencia del cargamento y se concretaban las fechas y circunstancias en que se llevaría a cabo la operación de introducción y alijo de la sustancia estupefaciente.

Cabecilla de la red

El fiscal señala que la jefatura y dirección del grupo delictivo era ejercida en todo momento por el acusado Anselmo Sevillano, quien, huido de la justicia para evitar su ingreso en prisión por la existencia de una condena anterior por tráfico de drogas, fijó su residencia en la provincia de Málaga, en concreto en la localidad de Estepona, desde donde mantenía con otros acusados un permanente contacto, tanto de carácter personal como telefónico, a fin de impartir instrucciones y concertar con sus subordinados los pormenores relativos tanto a la recogida, ocultación y depósito de las grandes cantidades de droga en lugares adecuados ocupándose asimismo de financiar al grupo y surtirle de adecuados medios materiales tales como embarcaciones, vehículos y terminales de teléfono móvil y también de teléfonos satélite. Para el mismo, el fiscal pide más de once años de prisión y dos multas, una de 25 millones de euros y otra de 45.

A fin de ocultar su identidad, Sevillano se valía de un documento nacional de identidad y de un permiso de conducir en cuya elaboración, con ánimo falsario, había intervenido, pues siendo documentos en los que figuraban los datos reales de una tercera persona sin embargo mostraban su fotografía.

Por su parte dos de los acusados eran quienes, siempre bajo la supervisión de su jefe, se ocupaban de la preparación de los medios materiales y personales con los que actuaba el ilícito grupo, búsqueda de personas para el desembarco de la droga y labores de vigilancia, así como de lograr la cobertura necesaria en el puerto para el éxito de la operación, coordinando las labores de los demás intervinientes, ocupándose de la preparación y ocultamiento de la semi-rígida que en alta mar debía recoger la droga y del yate que recibiría posteriormente el alijo, así como del almacenamiento de la droga, tareas estas que se llevaban a cabo en las instalaciones de astilleros de Isla.

El grupo contaba con el auxilio de un agente de la Guardia Civil, también imputado, quien desveló parte de información a Sevillano aprovechando el acceso que por razón de su cargo tenía a la información policial registrada en la base de datos de la Guardia Civil acerca de la titularidad de los vehículos que eran empleados por los agentes en el desarrollo de su actividad profesional.

Por todo ello, estos acusados, algunos en prisión en la actualidad y otros en libertad, se sentarán en el banquillo entre el 5 y 7 de junio.