El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado al presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa-Faro, a otros tres directivos de la entidad y al grupo alimentario como persona jurídica por falsear sus cuentas anuales y utilizar información relevante.

Así consta en un auto dictado este miércoles en el que el juez Ruz cita a los imputados a declarar para los próximos días 1 y 2 de julio, se declara competente para instruir esta causa y admite parcialmente a trámite tres de las cuatro querellas presentadas contra los responsables de la empresa.

Además de Fernández de Sousa-Faro, el magistrado ha imputado al consejero Alfonso Paz-Andrade por los delitos de falseamiento de información económico-financiera, falseamiento de las cuentas anuales y uso de información relevante. Este último delito también lo atribuye a los accionistas José Alberto Barreras y José Antonio Pérez-Nievas y seis empresas accionistas de la compañía.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, que acuerda estas diligencias a petición de la Fiscalía Anticorrupción, también rechaza en su resolución la intervención judicial de la empresa, al considerar que está siendo sometida a un proceso de administración concursal.

Ruz asegura que los administradores de Pescanova "valiéndose de la información reflejada en las cuentas anuales (...) que no se ajustaba a la realidad" proporcionaron públicamente una imagen irreal de la situación económica de la empresa, lo que condujo a los querellantes a adquirir paquetes de acciones.

De hecho, el auto concreta que entre los meses de agosto de 2012 y enero de 2013 varios analistas financieros recomendaron la inversión en estos valores en base a estos datos falsos.

Los accionistas que han presentado las querellas admitidas acusan específicamente a la entidad Sabadell BS Bolsa FI de haber procedido a la venta masiva de títulos de la compañía coincidiendo con una subida mientras aconsejaban la compra a sus clientes "por lo que consideran que podrían haber utilizado información reservada".

Ruz agrega que las cuentas anuales de los ejercicios 2008, 2010 y 2011, los folletos informativos y otros informes financieros "no reflejaban la imagen fiel" de la compañía como se deduce del hecho de que sólo unos meses después su presidente comunicara a la CNMV su decisión de no formular sus cuentas de 2012 y manifestara sus dudas sobre la propia continuidad de la empresa. El pasado mes de marzo quedó suspendida la cotización de la acción y en abril, Pescanova solicitó la declaración de concurso de acreedores.

Venta de acciones

Los querellantes denunciaron que algunos de los querellados vendieron acciones de la multinacional pesquera antes de que su situación económica se diera a conocer públicamente "con el fin de evitar pérdidas en sus patrimonios personales y plenamente conocedores de la verdadera situación económica de la entidad".

El magistrado explica que la competencia corresponde a la Audiencia Nacional en aplicación del artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que especifica que corresponden a este tribunal "las defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia".

Ruz ha citado a declarar el próximo 1 de julio como imputados a Fernández de Sousa y Paz Andrade y a los representantes de Inverpesca S.A., Sociedad Anónima de Desarrollo y Control, Sociedad Gallega de Importación de Carbones, Nova Ardara Equities e Iber Comercio e Industria.

El 2 de julio comparecerán en la Audiencia Nacional uno de los accionistas imputados —Pérez Nievas— y los representantes de Golden Limit S.L. Se presentarán ante el juez como testigos José Carceller, Fernando Herce y Francisco Javier Soriano.

El magistrado pide también en su auto otras diligencias como la remisión de las comunicaciones efectuadas a la CNMV y de las actas de dos reuniones mantenidas entre Pescanova y el supervisor. Solicita a Unidad Central de Delincuencia Económica (UDEF) un informe sobre las actuaciones del Sabadell BS Bolsa FI relativas a la venta de acciones de la empresa.