Caja Madrid, cuando la dirigía Miguel Blesa, concedió dos préstamos que sumaban 6,7 millones de euros a uno de los principales imputados en la trama Gürtel, el exvicepresidente de Repsol Ramón Blanco Balín, para que pudiera llevarse uno de los principales contratos que la red de Francisco Correa amañó en Boadilla del Monte, municipio de Madrid y uno de los epicentros de la trama. Los dos préstamos, de 5,9 millones y 800.000 euros, se concedieron en junio y agosto de 2008. Blesa dejó Caja Madrid en enero de 2010. Está acusado de apropiación indebida.

El negocio era redondo para Blanco Balín y la trama de Correa. El Ayuntamiento de Boadilla, gobernado entonces por Arturo González Panero (otro de los imputados), sacó a concurso "el derecho de superficie" de tres parcelas en la mejor zona de Boadilla, dónde se iban a construir locales comerciales y plazas de garaje. En total, 33 locales y 178 garajes en la Avenida Siglo XXI, por donde pasa en tren ligero. La adjudicación se la llevó Rústicas MBS S.L en octubre de 2005, empresa de Blanco Lalín, que luego en 2007 cedió la concesión a otra firma de Blanco Lalín, Artas Consultoría.

Artas Consultoría gestionaría los 33 locales y los 178 garajes durante 99 años. Y a cambio sólo pagaría al Ayuntamiento de Boadilla un canón anual de 81.344 euros, un canon que había sido reducido porque fue fijado inicialmente en 320.000 euros. "Todo un chollo", denunció entonces PSOE y Alternativa por Boadilla, ya que ¿cuánto podía sacar Blanco Balín si alquilaba el espacio a su disposición?

Un informe de la Policía Nacional, remitido a la Audiencia Nacional el 30 de enero de 2009, y al que ha tenido acceso 20Minutos, ponía exactamente como ejemplo de los negocios amañados por Correa la adjudicación de Rústicas: "La forma de actuar de la organización es captar una adjudicación de tipo urbanístico de una Administración Pública, buscar una empresa capaz de realizarla, ofrecerle el negocio a cambio del cobro de una comisión y avalarla en el concurso respectivo, el cual está previamente concertado".

El informe de operación de riesgo, que Caja Madrid emitió para analizar la petición de Artas Consultora, refleja que "Artas nos solicitó en junio de este año [se refiere a 2008] un préstamo de 5,9 millones para financiar las obras de construcción de 33 locales y 106 plazas" (aunque la adjudiación fueron 178 plazas). Ese primer préstamo fue concedido por el comité financiero, a 15 años. Con la operación que ahora se analiza, un segundo crédito de 800.000 euros, "lo que se solicita es la financiación del IVA de las obras de construcción".

El informe de Caja Madrid avala el segundo crédito, ya que "la principal compensación a futuro es el inicio de operaciones con el entorno de Ramón Blanco, cuyo potencial es elevadísimo, y sin duda nos aportará nuevas relaciones comerciales con clientes de primera fila, económicamente hablando". El informe también responde a la pregunta que se planteó la oposición de cuánto sacaría Blanco Lalín si alquila todos los locales y garajes: "115.000 euros mensuales", lo que quiere decir 1,3 millones de euros al año (cuando solo devolvía al Ayuntamiento un canon de 81.000 euros). Si se hubieran mantenido esos precios en los 99 años de concesión, el negocio era de 136 millones de euros.

El informe de la Policía también revela la función de Blanco Balín en la red de Correa: "la gestión y la intermediación financiera de su estructura societaria. Diseño de la estructura de blanqueo". Se le acusa de mover más de 50 millones de euros. Nacido en Léon, es licenciado en Ciencias Económicas, auditor de cuentas e inspector de Hacienda, como Miguel Blesa y José María Aznar. De hecho, Blanco Balín estuvo junto al expresidente del Gobierno en la redacción y edición de la revista del Centro de Estudios Financieros entre 1983 y 1984. Y Aznar y Blesa, eran amigos.

El 6 de octubre de 2011, el Ayuntamiento de Boadilla, a través de su Empresa Municipal de Suelo y Vivienda, decidió rescindir el contrato con Artas Consultora. Era el nuevo equipo municipal tras la marcha de Panero. "A día de hoy solo cuatro de los 33 locales están ocupados", explica a este diario Miguel Ángel Ruíz López, concejal de Urbanismo, Infraestructuras y Asuntos Jurídicos. "El objetivo es recuperar para el patrimonio municipal estos locales y plazas de garaje. También iniciamos acciones legales para reclamar los daños y perjuicios producidos así como las cantidades no pagadas del canon correspondiente".

El edil reconoce que el anterior Ayuntamiento alquiló dos de esos locales para poner una comisaría y una oficina de la empresa municipal de suelo y vivienda, pero que se marcharán de allí en breve y que no pagan el alquiler desde que ellos llegaron al poder a finales de 2011. Aunque en el marco de la investigación la Audiencia ha bloqueado los bienes de Artas y José Ramón Blanco Balín, solo quedan por devolver del préstamo unos 960.000 euros, según fuentes jurídicas.

Blanco Balín se ha acogido recientemente a la amnistía fiscal del Gobierno, según ha comunicado la Audiencia Nacional al juez del caso Gürtel. El empresario afloró  504.743 euros.