Los grupos que sostienen al Gobierno autonómico, PP y PAR, han aprobado este jueves, 23 de mayo, la nueva Ley de Urbanismo de Aragón, que modifica la de 2009, con el objetivo de "resolver problemas técnicos de aplicación, clarificar competencias, coordinar procedimientos, simplificar algunos trámites y eliminar obstáculos al desarrollo del territorio".

Así lo ha explicado el diputado del PP, Javier Campoy, ante el pleno de las Cortes de Aragón, donde ha tenido lugar la aprobación definitiva de la nueva norma.

Los grupos de la oposición, PSOE, CHA e IU, han criticado la reforma por favorecer "los intereses de los promotores" frente a los de ayuntamientos y ciudadanos, en palabras del diputado socialista José Ramón Ibáñez. Estos tres grupos han rechazado el nuevo texto, aunque el PSOE que ha apoyado algunos de los artículos.

Campoy ha sostenido que en un "momento de grave crisis, la ley vigente ley no da respuesta a la coyuntura económica, social y del mercado inmobiliario", mientras que el texto aprobado "da soluciones, coordina y simplifica los procesos, mejora la información, adopta medidas en materia de gestión, fomenta la rehabilitación y adapta los requisitos de la ley a las necesidades de cada municipio".

En relación con este último punto, ha esgrimido que será "el planeamiento general de cada municipio el que elija su modelo de desarrollo para su territorio", contribuyendo a la "sostenibilidad" del mismo.

Mejora procedimientos

El diputado del PAR, Manuel Blasco, ha remarcado que esta ley contribuirá a "mejorar los procedimientos que había hasta ahora", que actualmente son "excesivamente lentos y complicados" y ha estimado que "la rapidez de los acontecimientos ha hecho que en algunos aspectos" la anterior norma "haya quedado desfasada".

Igualmente, ha opinado que "adaptar los requisitos de la ley a cada municipio es importante". Blasco ha iniciado su intervención con un recuerdo especial para María Jesús Burró, senadora del PAR por Huesca que falleció el pasado sábado en un accidente de tráfico, mención que ha ido seguida del aplauso de los diputados presentes en el hemiciclo.

El diputado del PSOE, José Ramón Ibáñez, ha lamentado que los grupos que sostienen al Ejecutivo "no hayan querido hacer esta modificación con un consenso mucho más amplio", a pesar de que su grupo "ha dado muestras de esa voluntad" y ha votado a favor de los artículos a los que no había presentado enmiendas.

A su entender, es necesario "simplificar la tramitación", pero esta norma "no lo va a solucionar, sino que la complica", "entrega el territorio aragonés a la iniciativa privada", "no fomenta la rehabilitación", "no pone límite a la densidad" de la edificabilidad, algo "perjudicial para el modelo de ciudad" y es "profundamente ideológica" ya que solo favorece a "promotores y urbanizadores".

Viejo modelo

En representación de CHA, Gregorio Briz, ha asegurado que la ley implanta "el viejo modelo de crear riqueza a través del ladrillo y de falta de sostenibilidad", que "ha creado la crisis económica", trasladando la decisión sobre la edificabilidad a los municipios, que tendrán ahora "un problema grave".

El parlamentario ha dicho que habrá falta de suelo para equipamientos y se pone "por encima de todo la desregularización y el interés privado sobre el público", algo que "traerá consecuencias nefandas".

El diputado de IU, Miguel Aso, ha expuesto que la nueva ley "liberaliza suelo, dice adiós a la ciudad mediterránea", deja "indefensos" a los municipios, prima el interés privado sobre el público y de los ciudadanos y durará poco en el tiempo porque es un texto "de parte, del PP y del PAR, sobre del PP", que "generará inseguridad jurídica".