La Ley de Contaminación culmina su tramitación parlamentaria con la ratificación este jueves de las enmiendas del Senado

El pleno de la Cámara Baja ha ratificado las enmiendas procedentes del Senado al proyecto de ley por el que se modifican la normativa de 2002 de prevención y control integrados de la Contaminación y la de residuos y suelos contaminados de 2011.

El pleno de la Cámara Baja ha ratificado las enmiendas procedentes del Senado al proyecto de ley por el que se modifican la normativa de 2002 de prevención y control integrados de la Contaminación y la de residuos y suelos contaminados de 2011.

Una vez votados los cambios introducidos por la Cámara Alta, este proyecto de ley culmina así su tramitación parlamentaria y queda listo para ser publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Esta ley refunda dos textos normativos de acuerdo con la directiva europea sobre emisiones industriales, que da plazo a España hasta el mes de julio para su puesta en marcha. Además, la norma se ha tramitado por el procedimiento de urgencia ya que las directivas de la UE que traspone entrarán en vigor el 7 de enero de 2014.

Su trámite se inició a finales de enero con su aprobación en Consejo de Ministros. Posteriormente, ya en abril, la normativa superó su primer 'examen' del Congreso con los votos a favor del PP, UPyD y UPN, mientras que el resto de grupos parlamentarios se abstuvieron. En el Senado, a principios de mayo, contó con el respaldo de PP, UPN y Foro Asturias y la abstención de PSOE, CiU, PNV.

Desde el PP, Manuel Mora ha defendido que esta ley representa una "muestra más" de la apuesta del PP por defender el medioambiente y de la competitividad de la industria española.

Los grupos de la oposición han criticado durante la tramitación parlamentaria que, entre otros puntos, esta modificación normativa que plantea el Gobierno realiza una "mala" trasposición europea, que además afecta a unas 6.100 empresas españolas y puede abrir la vía de la privatización en la inspección medioambiental.

La nueva normativa es, según el texto, una simplificación de la legislación y pretende una reducción de las cargas administrativas, al tiempo que recoge las demandas ciudadanas para garantizar más rapidez en la tramitación de autorizaciones ambientales integradas.

En esta línea, se suprime la necesidad de aportar documentos en los procedimientos de revisión y actualización de la autorización, cuando ya hubiesen sido aportados con motivo de la solicitud de autorización original.

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