El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, decretará la moratoria temporal a la hora de conceder permisos para actuaciones de 'fracking' —uso de la fractura hidráulica para la extracción de gas no convencional— que se quieran llevar a cabo en la Comunidad andaluza.

En una pregunta formulada en pleno por el PSOE en el Parlamento andaluz, Ávila asimismo ha apuntado que su departamento se coordinará con la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente para coordinar y consensuar una misma posición desde Andalucía.

Asimismo, se muestra partidario de la creación de un grupo de expertos que "nos ayude a tomar una decisión sobre esta materia, y nos pueda aportar todo lo que necesitamos saber sobre esta técnica y sus efectos".

Ávila ha recordado que "tras 18 meses de Gobierno central en los que se han tomado decisiones importantísimas en materia energética, en este punto pedimos una moratoria al Gobierno sobre el 'fracking, para poder analizar y profundizar en ese conocimiento".

"Le apuntamos al Gobierno la necesidad de ser precavidos, y le pedimos que prohibiera dar nuevas autorizaciones, como ocurre en otros países, y que las decisiones que se adopten se hagan de manera informada y consultada con expertos para que nos aporten todo lo que necesitamos saber sobre esa técnica", ha agregado el consejero, quien, tras indicar que no conoce cual es la postura del PP, ha apuntado que la Junta decretará la moratoria temporal de permisos que lleguen a la Comunidad.

Por su parte, la diputada del PSOE Cinta Castillo ha agradecido a Ávila que "haya podido arrancar a Madrid esa moratoria", algo que "ha costado trabajo", tras lo que ha recordado el "castigo a asa energías renovables" de la normativa estatal, que supone "dejar a más de 45 andaluces sin empleo".

Esta semana el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Ávila, defendió la necesidad de que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo establezca una moratoria nacional para el 'fracking', por la "controversia" que este procedimiento suscita y que, según la propuesta andaluza, debería estar vigente hasta que se aclaren las dudas existentes.