AI denuncia el uso excesivo de la fuerza de los antidisturbios y la falta de garantías en desahucios

  • El informe anual de Amnistía Internacional alerta de la actuación de la policía en las manifestaciones que reivindicaron cambios en el sistema político.
  • Recuerda que en los desalojos debe haber garantías internacionales como un proceso de consulta previa, una indemnización y una vivienda alternativa.
  • Recomienda al Gobierno analizar si las reformas en materia social han puesto en riesgo los derechos de las personas.
  • Incide en reforzar soluciones a la violencia machista, las torturas, el racismo o la falta de acceso a los servicios públicos de salud por parte de los inmigrantes.
  • Promoverá que la vivienda sea un derecho fundamental en la Constitución.
Un manifestante, rodeado por varios agentes antidisturbios durante una protesta.
Un manifestante, rodeado por varios agentes antidisturbios durante una protesta.
EFE
Un manifestante, rodeado por varios agentes antidisturbios durante una protesta.

El informe anual de Amnistía Internacional (AI) difundido este jueves señala seis aspectos en los que España debe mejorar respecto a los derechos humanos. Entre ellos se encuentran las medidas antiterroristas, el racismo o la violencia machista, pero destacan dos escenarios que se han multiplicado con la crisis económica: los desalojos forzosos, que están lejos de cumplir las garantías jurídicas internacionales, y el uso excesivo de la fuerza de los agentes de la policía al dispersar manifestaciones. En este sentido, AI insta al Gobierno de Mariano Rajoy a analizar si las reformas en materia social han puesto en riesgo los derechos de las personas.

AI denuncia el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía en las manifestaciones que en los últimos tiempos reivindicaron cambios en el sistema político. En ellas, indica, se dieron escenarios de violencia cuyas investigaciones no pudieron prosperar posteriormente debido a la falta de identificación de los agentes en el uniforme. "Las denuncias no fueron ni efectivas ni eficaces", asegura el texto, que recuerda distintos episodios a lo largo del 2012 que ponen de manifiesto la ausencia de defensa frente a estas prácticas.

Pone como ejemplo a Ángela Jaramillo, quien murió de un ataque al corazón tres meses después de ser golpeada repetidamente con porras por la policía y por cuyas secuelas necesitó tratamiento médico; o Paloma Aznar, periodista que recibió el impacto de una bala de goma pese a tener colgada al cuello su acreditación. Y, de forma genérica, el 25 de septiembre, en una manifestación en Madrid donde se golpeó a manifestantes pacíficos, se dispararon balas de goma y se amenazaron a periodistas.

Por otro lado, se alerta de que la investigación de las torturas y malos tratos fueron "a menudo inadecuadas". "No es sistemático, pero hay deficiencia estructural en la investigación de la tortura", ha destacado el director de AI en España, Esteban Beltrán.

Este organismo internacional destaca también la actuación en los desalojos forzosos, que se encuentran lejos de cumplir las garantías jurídicas internacionales por las reformas legislativas en relación con la crisis "sin evaluar sus repercusiones en los derechos de sectores de población vulnerables". Recuerda los desalojos de La Cañada Real o de 300 personas de un asentamiento de romaníes en Puerta de Hierro sin un alojamiento alternativo "adecuado". Además, recoge la denuncia del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, preocupada por los desalojos forzosos en incumplimiento con las garantías, que incluían un proceso de consulta previa, una indemnización y una vivienda alternativa. De este modo, se recomendó adoptar un marco jurídico que estableciera las directrices previas antes de ejecutar este tipo de desalojos.

Esta última llamada de atención viene a manifestar que no se ha avanzado en proteger estos derechos en los dos últimos años, ya que la propia Amnistía Internacional denunció que cientos de miles de familias en España estaban en riesgo de perder su vivienda y que nueve millones de personas vivían en la pobreza sin respaldo jurídico.

Otras denuncias de Amnistía Internacional

  • Racismo: las minorías religiosas, especialmente la comunidad musulmana, tuvieron obstáculos para abrir lugares de culto en Cataluña. Por otra parte, se dieron diversos conflictos en escuelas por el uso de prendas y símbolos, especialmente en el caso de las mujeres.

  • Violencia machista: con 46 muertes confirmadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se cree que las mujeres todavía siguen sin acceso a remedios efectivos. Recuerda que siete años después de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, continúan los obstáculos.

  • Inmigrantes: las personas en condición irregular en España no pueden ser atendidos en servicios públicos de salud en función del Decreto-ley aprobado en abril. "Esto no es un recorte, es una violación de los derechos humanos", ha subrayado Beltrán. Estos inmigrantes se ven además sometidos a una política que produce "violaciones de los derechos humanos" porque para los gobiernos de la Unión Europea es "más importante proteger las fronteras que las vidas".

  • Delitos de derecho internacional: la legislación incumple las obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional. Tras una sentencia del Tribunal Supremo, se puede eliminar la posibilidad de investigar los delitos cometidos en el pasado de España porque entonces no estaban definidos como crímenes contra la humanidad.

  • Medidas antiterroristas: no se hizo caso a las recomendaciones para no aplicar la detención de sospechosos de delitos de terrorismo en régimen de incomunicación. Una práctica que permite tener al sospechoso 13 días recluido sin acceso a médico o abogado de su elección.
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