El director general de Administración Local de la Junta, Antonio Maíllo, ha asegurado que la reunión celebrada este pasado martes de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) con el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha sido "una puesta en escena con modificaciones insustanciales".

Según ha indicado en un comunicado, lo único que pretenden es "encubrir el llamado coste estándar" que el Gobierno establecerá para cada servicio y que los ayuntamientos no podrán exceder, "lo que abre la puerta a la privatización de los mismos, así como el despido de más de 40.000 funcionarios".

Maíllo ha indicado que tras dicha reunión se siguen manteniendo las posturas distantes por problemas de fondo y de forma, y que tampoco se ha modificado el punto que somete unilateralmente a todos los municipios de menos 20.000 habitantes a una evaluación de sus servicios, independientemente si son o no solventes, y esto "evidentemente" ha señalado Maillo abre la puerta a que pierdan competencias .

El director también ha comentado que desde que el Gobierno del PP lanzó la propuesta de reforma "son muchas las voces que han mostrado su rechazo a la misma, muchas de ellas del ámbito local" y ha recordado que Andalucía, con el 18 por ciento de la población, apenas representa el nueve por ciento del conjunto de los 8.116 municipios, "por lo que muchas de esas voces discrepantes son de regidores de su mismo partido".

Maíllo ha vuelto a reiterar que la reforma de la Administración Local que proponen no es la que necesita España, y que el Gobierno andaluz se opone totalmente a esta reforma recordándole que para llevar a cabo cualquier cambio en este sentido han de tener en cuenta la necesaria participación de los representantes legítimos de todos los poderes públicos que integran el modelo de Estado garantizado por la Constitución Española.

Asimismo, ha asegurado que el texto debería haberse abordado y negociado en las Conferencias Sectoriales, que son los foros indicados para tomar el pulso a las comunidades autónomas y a las entidades locales en la reforma de la estructura del Estado, "máxime cuando estos cambios tienen repercusiones económicas".

Maíllo ha concluido requiriendo el concurso de todas las fuerzas políticas para establecer la necesaria hoja de ruta que las corporaciones locales necesitan, con el fin de construir los servicios públicos que la ciudadanía demanda.