Los Grupos Parlamentarios de PSOE, CHA, PAR e IU de las Cortes de Aragón han rechazado este miércoles el anteproyecto de ley de reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, que el ministro de Hacienda y Administración Pública, Cristóbal Montoro, ha presentado a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Han considerado que perjudica a los pequeños municipios aragoneses y los ciudadanos que viven en ellos.

El portavoz del Grupo Socialista, Javier Sada, ha considerado que el anteproyecto es "un ataque indiscriminado, desde luego, a los ciudadanos que viven sobre todo en el medio rural" y también a los servicios que se prestan en los pueblos pequeños.

"Lógicamente llevar un servicio, atender sanitariamente, hacer la recogida de basuras, la educación, en un pueblo pequeño es más caro que en una gran ciudad", pero el PSOE siempre ha tenido claro que los ciudadanos deben tener los mismos derechos "vivan donde vivan".

El portavoz del PAR, Alfredo Boné, ha rechazado "frontalmente" el anteproyecto de ley argumentando que "primero hay que legislar atendiendo a las necesidades de las personas y después a criterios económicos y no al revés", lo que en su opinión ocurre en este caso.

Además, el anteproyecto invade "claramente" competencias de las comunidades autónomas al establecer cuestiones relacionadas con la organización de las competencias en el territorio, lo que al PAR le parece "inadmisible".

Boné ha agregado que el PAR no va a aceptar "nunca" que se prime a las Diputaciones, instituciones "del siglo XVIII", en detrimento de las comarcas, que son "una buena solución para resolver los problemas del territorio en Aragón".

El representante del PAR ha pedido al Gobierno de España que haga "un alto en el camino" y no continúe con el anteproyecto "si no es con el acuerdo social y político que requiere una reforma de estas características".

COSTES

El diputado del Grupo de CHA, Gregorio Briz, se ha posicionado en contra porque "ataca a la autonomía local, a los ayuntamientos aragoneses, muchos de ellos de pocos habitantes".

Ha dicho que el Estatuto de Autonomía recoge una serie de principios básicos sobre autonomía local que el anteproyecto va a "transgredir ". Además "no se va a solucionar un problema fundamental de los ayuntamientos, que es la financiación local".

Se ha preocupado quién va a fijar los costes estándar de los servicios públicos que prestan los ayuntamientos y que deberán cubrir estas corporaciones, que deberán traspasar la prestación de los servicios si no pueden pagarlos. "Llegaremos seguramente a una privatización de los servicios" en detrimento de la calidad.

En Aragón hay un problema añadido, como es la organización territorial, las comarcas, que prestan servicios que no pueden dar algunos ayuntamientos. "¿Qué pasa con las Diputaciones entonces?", ha planteado Briz.

Por su parte, el portavoz de IU, Adolfo Barrena, ha dicho que la reforma local es "un verdadero atraco a la ciudadanía" porque continúa los recortes, lo que acaban pagando los ciudadanos. También es un "atraco" a la autonomía municipal, ya que se limita la capacidad de decisión y autogobierno a la Administración más próxima a la ciudadanía.

Con esta reforma se consigue que la obligación que tienen las Administraciones de prestar servicios a los que da derecho la Constitución "lo convierten en beneficencia" y además "se empobrece la calidad de nuestra democracia y se adelgaza mucho más el Estado".

El portavoz del Grupo Popular, Antonio Torres, ha afirmado que la reforma de la Administración "es una de las demandas más solicitadas por los ciudadanos", compromiso que está cumpliendo el PP. Ha añadido que conforme se han elaborado nuevos borradores "ha habido sustanciales mejoras y todavía hay un camino por recorrer".