Por eso, ha remitido un informe a las autoridades españolas en el que especifica que la sociedad Ingra, dependiente de la Diputación de Granada, fraccionó el contrato de obras para evitar la aplicación de la norma europea y aplicó criterios discriminatorios en la selección de los licitadores. Ingra mantiene que no ha incumplido ningún precepto y que la actuación de la Comisión es fruto de una denuncia de una de las empresas aspirantes.