El Tribunal Superior de Justicia de la Junta (TSJA) ha reconocido el derecho del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) a obtener datos del personal externo solicitados, tras el allanamiento presentado por la Junta de Andalucía.

Según señala este sindicado en una nota, la letrada de la Junta ha presentado un escrito sobre la formulación de allanamiento de la Junta frente a la pretensión anulatoria ejercida en el recurso contencioso administrativo respecto de la Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de 22 de diciembre de 2010, por la que se desestima el requerimiento de información del Sindicato de copia de los contratos que amparan la presencia de personal externo, especificando qué tipo de funciones están desempeñando cada uno de ellos y si disponen de clave privada de acceso a los sistemas informáticos, y relación de plazas vacantes y desdotadas.

Es la cuarta sentencia que deriva del allanamiento de la Administración y la quinta firme que da la razón a SAF cuando pide toda la información referente al personal externo, según apunta el SAF.

Así, ha recordado que la primera sentencia firme, fechada el 21 de diciembre de 2012 y con imposición de costas a la Junta, llegó también de la mano de la Sala de lo Contencioso Administrativo con sede en Sevilla y confirmó, de manera "absolutamente histórica", el derecho a la obtención de información por los sindicatos, como propio del derecho a la libertad sindical.

Este derecho, confirma el Alto Tribunal andaluz, ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional señalando que "este Tribunal ha declarado reiteradamente, en virtud de una interpretación sistemática de los arts. 7 y 28 CE efectuada según el canon hermenéutico del arto 10.2 CE, (...) se integra también la vertiente funcional del derecho, es decir, el derecho de los sindicatos a ejercer aquellas actividades dirigidas a la defensa, protección y promoción de los intereses de los trabajadores, en suma, a desplegar los medios de acción pluralismo sindical y, en definitiva, constituye un elemento esencial del derecho fundamental a la libertad sindical".

El Sindicato Andaluz de Funcionarios está pidiendo por escrito a la Administración que acate las sentencias y facilite todos los datos referentes al personal externo. Ante la falta de respuesta, los servicios jurídicos de SAF estudian la posibilidad de continuar ejerciendo actuaciones legales, incluida la vía penal, hasta que la Junta acate sin dilaciones los fallos.

El sindicato ha recordado que "lleva años" exigiendo toda la información referente a "uno de los despilfarros más polémicos y descarados de los últimos tiempos", culminados en la Ley 1/2011 de reordenación el sector público andaluz.

Por último, el SAF ha advertido de que "aún queda mucho por hacer, una vez la Junta de Andalucía ponga sobre la mesa toda la información sobre los miles de externos, deberá explicar no sólo los contratos y sueldos, sino el tipo de funciones que realizan, siempre alejadas de las potestades públicas que únicamente deben ser ejercidas por personal funcionario, tal y como establece la Ley".