La Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT) ha advertido este miércoles de que la ley de racionalización de la Administración Local provocará la pérdida del 60% del empleo de las entidades locales, esto es, unos 300.000 puestos de trabajo.

El sindicato ha presentado hoy en rueda de prensa un decálogo de medidas ante la reforma local que pretende servir de "muro de contención" a una ley que "prácticamente vacía de servicios a los ayuntamientos", según denuncia.

La Federación promoverá acuerdos de concertación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, desde el diálogo social y la negociación colectiva, para garantizar los derechos de los trabajadores de la Administración Local.

Así, UGT asegura que sus propuestas persiguen "minimizar" los estragos que esta reforma va a ocasionar tanto al personal al servicio de las administraciones locales como a la propia ciudadanía.

Según la secretaria de Acción Sindical de FSP-UGT, Carmen Barrera, el Gobierno "sólo busca el ahorro económico sin tener en cuenta los servicios prestados".

"Con esta reforma se perjudica no sólo a los trabajadores, sino también a las comunidades autónomas, ya que la ley propone una reordenación de las instituciones de las autonomías. Nuestro objetivo es orientar pactos y acuerdos desde la negociación colectiva", ha explicado.

Por su parte, la secretaria de local, autonomías y servicios a la comunidad de la FSP-UGT, Joana Mor Biosca, ha asegurado que el sindicato lleva cerca de un año estudiando los borradores de la reforma y pidiendo que la reordenación de la administración local no se haga a costa de su personal.

"El documento es simplemente economicista. Quieren vaciar de contenido muchos de los servicios que prestan los ayuntamientos, como la asistencia domiciliaria, abocando así a la ciudadanía al repago de estos servicios", ha avisado.

FSP-UGT cree que para hacer frente a eventuales necesidades de reestructuración de personal debe seguirse el modelo de gestión socialmente responsable fomentado por la Unión Europea.

En su decálogo, el sindicato se opone a la exclusión del ámbito local de las competencias de Educación, Sanidad y Servicios Sociales, al tiempo que considera que la norma es un "ataque directo" a la autonomía de las comunidades y a su organización territorial.