La ley de consultas populares no refrendatarias prosigue su camino en el Parlament después de tumbar las enmiendas a la totalidad presentadas por el PPC y C's contra el texto surgido de la ponencia conjunta que apoyaron CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y la CUP. El texto pasará ahora a la fase de comparecencias y enmiendas para luego volver al Pleno para su aprobación definitiva, lo que sucederá el próximo otoño.

La federación y los republicanos han defendido este miércoles el derecho del pueblo a pronunciarse sobre su futuro político, igual que ICV-EUiA y la CUP, que han añadido que la ley no sólo servirá para esto. El PSC ha avalado la norma pero ha avisado que puede acabar en el Tribunal Constitucional (TC) porque se presenta como un 'plan b' para celebrar una consulta independentista.

El objetivo de esta norma es regular las consultas populares no vinculantes, complementando así la ley de consultas impulsada por el tripartito en 2010, y que el Estado recurrió ante el TC.

La nueva ley de consultas regula las que no son vinculantes, y establece que podrán votar los mayores de 16 años, y las puede convocar el presidente de la Generalitat, los entes locales y los ciudadanos, con 50.000 firmas si es de ámbito catalán, o con las firmas de entre el 5 y el 10% de la población si es local.

Durante la sesión de control al Govern celebrada esta mañana, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha defendido el "derecho" del Parlament a aprobar una nueva ley de consultas. Lo ha dicho después de que la líder del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, le haya instado a no ser desleal con el Estado, que es el "único banco" que está ayudando a la Generalitat y que además está actuando con seriedad, respeto y lealtad.

Mas ha asegurado que el PP tiene todo el derecho de oponerse a esta ley, pero ha lamentado que conciba la cámara autonómica como un "parlamento de juguete" que no dé respuestas al anhelo mayoritario de la sociedad catalana de ejercer el 'derecho a decidir' con una consulta.

En el pleno, CiU defenderá una moción donde se propone "impulsar la creación de una ponencia conjunta para elaborar el texto de la proposición de ley sobre el régimen especial de Aran".

Esta iniciativa de CiU coincide con que este agosto hará 700 años 'Era Querimònia', el documento que firmó el rey Jaume II concediendo privilegios a Aran, que se mantuvieron hasta el reinado de Fernando VII, en el siglo XIX.

El texto pide garantizar la "suficiencia financiera para el ejercicio de su autogobierno" del Conselh Generau d'Aran y expresa que las instituciones catalanas se comprometen a velar por la protección, el fomento, el uso, la difusión y el conocimiento del aranés.

El pleno también se ha hecho el debate a la totalidad de una proposición de ley del PP para transformar los consejos comarcales, que ha contado con enmiendas a la totalidad de CiU, ERC, PSC e ICV-EUiA, por lo que no ha prosperado.

Otras mociones que se presentarán son una del PSC donde insta al Parlament a rechazar la reforma de la ley del aborto que plantea el Estado, una de ERC donde pide políticas activas de empleo para quienes cobran la Renta Mínima de Inserción (RMI) y una del PP en defienda del bilingüismo en las escuelas.

El PP también pedirá al Govern priorizar las obras públicas que contribuyan a mejorar la economía, ICV-EUiA defenderá que el Hospital Clínic sea gestionado por un consorcio formado por el Govern y la Universitat de Barcelona (UB), C's reclamará la convocatoria de la Junta de Seguridad y la CUP abogará por constituir una banca pública catalana resultado de la fusión entre Catalunya Banc, el Institut Català de Finances (ICF) y Avalis.

También se designarán a los 13 miembros del Consejo Asesor de RTVE en Cataluña, a seis más de la junta de gobierno del Memorial Democrático y siete del Consejo Superior de la Cooperación.