El Ministerio de Fomento ha emprendido una nueva ronda de reuniones con las constructoras para informarlas de la participación que corresponde a cada una de ellas en el capital de la sociedad que rescatará a la decena de autopistas de peaje en riesgo de quiebra, según informaron a Europa Press en fuentes del sector.

El Departamento que dirige Ana Pastor reserva a las empresas un máximo del 20% del capital de la nueva sociedad pública de autopistas.

El 80% restaría estará en manos del Estado a través de Seittsa, una sociedad de Fomento. Su porcentaje es el que resulta de capitalizar (convertir en acciones) ayudas por 473 millones que el Ministerio ha dado al sector.

En cuanto a la participación reservada a las empresas, tiene un valor de 121,71 millones de euros, dado que la sociedad de autopistas se valorará en 608 millones, según las estimaciones que un experto externo e independiente (Ernst & Young) ha realizado para el Departamento que dirige Ana Pastor.

La constitución de esta empresa pública de autopistas es la solución en que el Ministerio trabaja actualmente para solventar el problema de riesgo de quiebra que afrontan un grupo de autopistas por la caída de los tráficos y el sobrecoste de las expropiaciones.

En virtud del modelo, Fomento dará una participación en esta empresa pública a las empresas a cambio de que aporten a la misma las autopistas que explotan. El objetivo final es reestablecer el equilibrio económico y financiero de las vías para que vuelvan a manos privadas.

Con todo, el Departamento busca evitar que la quiebra de las autopista obligue al Estado a atender la responsabilidad patrimonial que tiene con estas infraestructuras, con el consiguiente efecto en las cuentas públicas.

Entre las vías de pago que se integrarán en la sociedad, participadas en su mayoría por grandes constructoras y concesionarias (FCC, Ferrovial, Sacyr, OHL, Abertis y Globalvía), figuran las radiales de Madrid, la Madrid-Toledo, la autopista que conecta con el aeropuerto de Barajas, la Ocaña-La Roda, la circunvalación de Alicante y la Cartagena-Vera. Todas ellas suman un pasivo de unos 4.000 millones de euros y cinco de ellas están en concurso de acreedores.