Tolosa advierte de la judicialización de temas "más políticos" que jurídicos, como los desahucios

El presidente TSJC niega que haya un "tratamiento diferenciado" o más preocupación por los desahucios que por derribos
César Tolosa Triviño
César Tolosa Triviño
EUROPA PRESS

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), César Tolosa, ha advertido este martes de la judicialización de problemas que, como los desahucios, son más "políticos, económicos o sociales" que jurídicos.

Durante la presentación de la memoria judicial de 2012, ha señalado que en estos procesos de ejecución hipotecaria, el juez se ha convertido, de forma no voluntaria, en "protagonista".

Ha considerado que la solución a este problema exige una interpretación de las leyes de acuerdo a la realidad social y que encuentre armonía entre la legislación nacional y europea.

Sin "tratamiento diferenciado"

Por otra parte, ha aclarado que la "sensibilidad" y "preocupación" de los jueces es "la misma" hacia los desahucios que hacia otros asuntos, como las sentencias de derribo o las preferentes y ha negado que exista un "tratamiento diferenciado".

Así lo ha asegurado al ser cuestionado por algunas quejas de los afectados por las sentencias de derribo que reclaman más atención a su problema y la comparan con la que están recibiendo con los de los desahucios.

En este sentido, Tolosa ha asegurado que los jueces son "plenamente receptivos" a "todos" los problemas de los ciudadanos y a "todas" las demandas de Justicia, vengan de donde vengan, si bien ha advertido de que, aunque su preocupación es "la misma", la problemática desde el punto de vista legal y judicial en casos como los derribos, las preferentes o los desahucios, es "diferente" y no se puede dar una misma respuesta.

"Pero que el ordenamiento jurídico no dé una misma respuesta no significa que los jueces estén haciendo un tratamiento diferenciado de las personas con problemas", ha aclarado Tolosa. Ha añadido que "el tratamiento diferenciado es porque la problemática es diferente y porque la legalidad es distinta" en la aplicación de cada caso.

Ha insistido en que la sensibilidad del Poder Judicial respecto a estos problemas es "constante y permanente". A pesar de ello, ha reconocido que esa "sensibilidad" de los jueces "no puede hacer" que éstos "pierdan de vista" su "obligación" de aplicar en sus justos términos la legislación vigente, que, según ha recordado, no la establecen los jueces, sino los parlamentos.

Volviendo al tema de los derribos, Tolosa ha asegurado que el "único" mensaje es que los tribunales lo que hacen es cumplir la legalidad vigente, hacer cumplirla y hacer que se cumplan las resoluciones judiciales.

Comparándolos con los desahucios, ha señalado que "cree" que no es el mismo tratamiento en casos en los que, como en los derribos, hay sentencias firmes que en supuestos, como las ejecuciones hipotecarias, en los que hay reformas legislativas muy recientes, la última del pasado 14 de mayo, que los jueces aún no han podido ni siquiera aplicar.

Al hilo, ha anunciado que el próximo 13 de junio se ha convocado a todos los jueces de Cantabria a una jornada interna de estudio sobre la aplicación de la reforma legislativa en materia de desahucios para establecer criterios homogéneos.

PREFERENTES

En cuanto a los contratos de participaciones preferentes y similares, Tolosa ha asegurado que los jueces son "conscientes" de las "grandes esperanzas" que tienen en la Justicia los afectados.

Aunque ha señalado que los jueces "asumen el compromiso social" de dar respuesta a este tipo de asuntos, el presidente del TSJC ha advertido del riesgo que existe de que estos procedimientos produzcan por la cantidad de demandantes y la complejidad de los asunto un incremento "exponencial" y "torrencial" de la litigiosidad en los órganos civiles.

Sobre este asunto, el TSJC lamenta la inexistencia de un sistema de resolución alternativa de estos conflictos, como el arbitraje o la mediación.

Según se ha dado a conocer durante la presentación de la memoria judicial, sólo en Santander, en lo que va de año, se han superado las 200 pleitos, sin contar con los actos de conciliación ni las diligencias preliminares.

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