El Gobierno establecerá una "horquilla de corte" en los presupuestos generales del Estado para limitar los salarios de los empleados públicos municipales, según ha dicho el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta. Con esta medida el Gobierno pretende que no haya tantas diferencias entre los trabajadores públicos de las diferentes comunidades autónomas y están pendientes de determinar los baremos para esta regulación, ha explicado Beteta en una rueda de prensa al término de la reunión de la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL).

El secretario de Estado, quien ha asegurado que no existe "la menor intención" de recortar los sueldos, ha incidido en que los "complementos específicos" de los empleados municipales seguirán siendo aplicados por la administración local correspondiente, pero habrá una "horquilla de corte". "Ello no quiere decir que se vaya a bajar ni que se vaya a modificar el Estatuto básico de los empleados públicos", ha puntualizado.

En relación con la reforma local, Beteta ha precisado que "no ha habido un acuerdo global" con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) aunque sí han recogido muchas de las alegaciones presentadas por los municipios y las comunidades. Uno de los aspectos que ha centrado la reunión, presidida por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y a la que ha asistido el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna, ha sido el del "coste estándar".

Beteta ha dicho que antes del verano se empezará a negociar con las comunidades autónomas y la propia CNAL para "poder hacer los cálculos" que, según ha dicho, "son facilísimos", de manera que los municipios tengan un plazo de cuatro meses —desde octubre— para poder adaptarse y ser eficientes. "Más eficiente quiere decir más barato para el ciudadano y mejor para el conjunto de la ciudadanía", ha subrayado.

El presidente de la FEMP ha dicho que "no es posible hacer una valoración de la eficiencia de cada servicio sin conocer el coste estándar" y ha negado que sea cierto el dato aportado por Hacienda sobre la ineficiencia del 92,11% de los municipios de menos de 5.000 habitantes. Sobre ello, Beteta ha dicho que "no hay consecuencias porque son datos de 2011" y ha apuntado que muchas de las cuentas de 2012 certifican que la situación ha mejorado.

El secretario de Estado ha certificado que la reforma local pasará este miércoles al Consejo de Estado para analizar y enviar un informe a las Cortes y no ha descartado que en este trámite se puedan introducir algunos aspectos que se han quedado fuera y que eran peticiones de la FEMP. Se trata, según el secretario de Estado de una "ley profundamente municipalista" que evita duplicidades, define competencias, garantiza el control económico presupuestario de los municipios y favorece iniciativas económicas que eviten intervenciones administrativas.

En cuanto a las competencias de Servicios Sociales, Beteta ha dicho que en el plazo de un año las comunidades deberán hacerse cargo de ellas y si no es así se les retraerá la cantidad correspondiente por la prestación de esos servicios de su participación en los ingresos del Estado.

En Educación, la corporación local seguirá prestando el servicio hasta que no se apruebe el nuevo sistema de financiación autonómica y local, mientras que en Sanidad los ayuntamientos se irán retirando porque no es una competencia municipal. El presidente de la FEMP ha dicho que "no es cierto" que un ayuntamiento pueda perder el conjunto de sus competencias, ya que siempre habrá servicios que tengan que mantener, y ha puesto como ejemplo la gestión de los cementerios municipales.

De la Serna también se ha referido a una de las cuestiones "más controvertidas" de la reforma, en relación con la intervención de municipios y ha asegurado que "va a desaparecer ese artículo" de la norma. Además, ha dicho que no va a haber reducción de concejales y ha opinado que "no alteraría la situación económica del país" que concejales y alcaldes de municipios de menos de mil habitantes perciban un sueldo limitado. En el proyecto de la reforma local se ha recogido el reparto competencial para las comunidades forales, las ciudades autónomas, Madrid, Barcelona y las islas Canarias y Baleares.