La concejal del grupo municipal del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Zaragoza, María Jesús Martínez del Campo, ha anunciado que presentará una proposición normativa para bonificar el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocido como impuesto de plusvalía.

Martínez del Campo ha explicado que prefiere presentar una proposición normativa porque la "moción aunque se apruebe se puede incumplir" y ha confiado en lograr el "apoyo total" del equipo de gobierno.

En rueda de prensa ha precisado que las bonificaciones que plantearán serán del 95 por ciento, que es el máximo legal permitido, para viviendas o locales afectos a actividad económica, cuyo valor catastral sea igual o inferior a los 40.000 euros, y del 60 por ciento para las que tengan un valor catastral superior a los 40.000 euros.

La finalidad es "restablecer las bonificaciones suprimidas en 2012", ha dicho Martínez del Campo, que lo ha calificado de "injusto". Ha abogado por volver a recuperar esta bonificación que se aplicaría entre padres e hijos o matrimonios en el caso de transmisiones de viviendas habituales o empresas individuales.

Además, ha asegurado que estas bonificaciones no supondrán una aminoración en los ingresos del Ayuntamiento al aportar el dato de que en los primeros cuatro meses de este año se han recaudado 12,6 millones de euros, que representa el 58 por ciento de lo previsto para todo el ejercicio, que serían 21,75 millones de euros.

Esta propuesta "constructiva" se complementa con la reducción del 40 por ciento a los nuevos valores catastrales porque "la ley lo permite y es potestad del Ayuntamiento" y puede aplicarse durante cinco años.

María Jesús Martínez del Campo ha justificado además la iniciativa al detectar que "no se cumple la subida del IPC" que era el porcentaje acordado por unanimidad del Ayuntamiento de Zaragoza en la aprobación de las ordenanzas fiscales, ya que la revisión catastral "ha multiplicado por dos o más" este impuesto.

En junio

Será la primera vez en el Ayuntamiento de Zaragoza que se debata una proposición normativa, que pueden presentar los concejales y en este caso atañe a las ordenanzas fiscales.

Una vez que se presente la proposición normativa se eleva al Gobierno de Zaragoza y tras un informe jurídico y económico, que se tiene que elaborar en un máximo de 30 días, se valora por el Gobierno de Zaragoza para tramitarla en la comisión correspondiente.

Así, la iniciativa la plantearán a lo largo de esta semana, con la finalidad de que los plazos se desarrollen con la máxima celeridad y se pueda aprobar el próximo mes de junio.