La Policía Judicial ha registrado los domicilios de la expresidenta del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar en Costitx y Palma y del exvicepresidente Miquel Nadal, en la capital mallorquina, en relación con el caso Can Domenge.

Los investigadores han buscado dinero que pudieran haber cobrado ambos políticos por la supuesta venta irregular del solar de Can Domenge en 2006, en la que habrían beneficiado a la empresa Sacresa, o bien datos que puedan conducir a encontrar dicho efectivo.

La Audiencia de Palma ya ha fijado fecha para la celebración del juicio de Can Domenge, que comenzará el próximo 5 de junio, en el que también están encausados los exconsellers de Territorio Bartomeu Vicens y de Economía Miquel Àngel Flaquer, todos ellos de la extinta Unió Mallorquina (UM), así como un abogado y un empresario.

Según fuentes jurídicas, la Fiscalía ha solicitado al juez de instrucción número 8 de Palma, Juan Pedro Yllanes, en funciones de guardia, una serie de diligencias, entre las que figuran estos dos registros domiciliarios, después de que la defensa de Vicens entregara en la Audiencia de Palma un escrito y 160.000 euros, que supuestamente forman parte de un soborno.

En la Audiencia, se ha informado a la defensa del exconseller que este dinero en efectivo debía ingresarlo en un banco, mientras que el juez de guardia ha ordenado los registros y ha decretado el secreto de las actuaciones. La Fiscalía Anticorrupción cree que los cuatro políticos diseñaron "un traje a medida" al crear un concurso para beneficiar a la empresa Sacresa con la venta de la finca de Can Domenge, un solar de más de 52.000 metros cuadrados con capacidad para edificar para 600 viviendas, que se adjudicó a la unión de empresas Sacresa-Ferratur por la mitad de lo ofertado por el Grupo Núñez y Navarro, 30 millones de euros frente a 61.

Durante la investigación, un testigo relató que el dinero que pudieron percibir los políticos por este supuesto cohecho llegó a Palma en un velero dentro de bolsas de basura. Por este caso de supuesta corrupción la Fiscalía pide 6 años de cárcel para Munar, Nadal, Flaquer y Vicens por los delitos de fraude a la Administración y revelación de secretos, así como entre 8 y 10 años de inhabilitación para cargo público por prevaricación, según su escrito de calificación provisional.

La acusación pública considera que Munar fue quien impartió las órdenes pero los cuatro políticos idearon, prepararon y desarrollaron los actos administrativos que hicieron posible la venta del inmueble de mayor valor del Consell, fingiendo un interés público y simulando el motivo real. El ministerio público pide también un año y medio de prisión para el abogado Santiago Fiol por fraude y revelación de secretos, y para el empresario dueño de Sacresa Román Sanahuja solicita 2 años por fraude y uso de información confidencial.

Está previsto que el juicio comience el 5 de junio y la Sección Segunda de la Audiencia ha reservado un total de 13 jornadas para la celebración de la vista oral, que podría finalizar el 5 de julio. En febrero de 2012 se decretó el embargo preventivo de once inmuebles propiedad de la expresidenta del Consell y la retención del dinero de sus cuentas, para cubrir la fianza civil de 37,1 millones de euros impuesta por la juez del caso, así como de doce inmuebles de Nadal y uno de Flaquer.