El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha denunciado por escrito ante la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta la encomienda de tramitación de expedientes "en materias tan extraordinariamente sensibles como los desahucios, u otros temas como ayudas públicas en materia de vivienda" a personal no funcionario y exige que "ponga en manos de funcionarios estas funciones de especial importancia".

En una nota remitida a Europa Press, el sindicato ha advertido de que, en caso contrario, este sindicato "procederá a recurrir la totalidad de estos actos administrativos, dada la falta de competencia del personal que los dicta".

El SAF lamenta que "la contratación externa en la Junta de Andalucía no cesa", y ha indicado que "saltaron nuevamente las alarmas con anuncios, entre otros, como el publicado en BOJA hace unas semanas en el que la Gerencia Provincial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía notifica a los interesados que se relacionan acto administrativo recaído en expedientes de desahucio administrativo sobre viviendas de protección oficial de promoción pública que se citan".

Indica que el Decreto Ley 6/2013 de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, "modifica el artículo 33 'Objeto de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía' de la Ley 17/1999, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas, incluyendo como actividades de esta empresa 'el ejercicio de potestades administrativas sancionadora, así como la tramitación de subvenciones y ayudas públicas en materia de vivienda, que le sean atribuidas o delegada por esa Consejería'".

Por todo ello, en el escrito SAF requiere a la Consejería que, "de forma inmediata, derogue el nuevo apartado f) del artículo 33 de la Ley 17/1999, antes citada", y se tomen "las medidas oportunas para que no se tramiten por la Empresa Pública del Suelo de Andalucía ningún tipo de expedientes sancionadores o de desahucio en materia de viviendas, dada la falta de legalidad de los mismos y el que, en la relación de puestos de trabajo de esa Consejería, en las correspondientes a las antiguas delegaciones provinciales, existían secciones de Actuaciones Administrativas, que ostentaban las competencias en la materia".

El sindicato ha apuntado que el artículo 9.2 del Estatuto Básico del Empleado Público "reserva a los funcionarios el ejercicio de las funciones que impliquen ejercicio de potestades públicas con carácter exclusivo".

Por tanto, SAF advierte de que "el desarrollo de funciones que suponen el ejercicio de potestades administrativas por personas que no ostentan la condición de funcionario puede llegar a ser susceptible de ser calificado como un delito de usurpación de funciones públicas, previsto y castigado en el Código Penal, ya que se cumplirían los dos requisitos exigidos para ello, el desarrollo de actos propios de una autoridad o funcionario público, reservados por la normativa vigente para este tipo de personal, y atribuirse carácter oficial cuando se es un mero empleado contratado por una empresa pública".

El Sindicato Andaluz de Funcionarios asegura que "lleva años denunciando la usurpación de funciones, el despilfarro incontrolable de dinero público y la ausencia de procedimientos reglados y legales para acceder a la Administración Pública bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad".

SAF reivindica "una Administración por y para el ciudadano, con acceso legal al empleo público sin distinciones, sin categorías, sin intereses ajenos al servicio y sin enchufes". Considera que estas delegaciones de potestades públicas "suponen un elevado e innecesario coste para las arcas públicas, pues ya existen cuerpos de funcionarios que pueden y deben por Ley llevar a cabo este tipo de funciones u ofertar plazas a los ciudadanos andaluces en igualdad de condiciones".