Trabajadores de Justicia se manifiestan contra las deficiencias del nuevo Palacio y la reforma de Gallardón

Problemas de limpieza, de luz y de espacios, entre otras deficiencias
Protestas de trabajadores de Justicia en Gijón
Protestas de trabajadores de Justicia en Gijón
EUROPA PRESS
Protestas de trabajadores de Justicia en Gijón

Un grupo de trabajadores de Justicia se han movilizado este viernes frente al nuevo Palacio de Justicia, donde se inauguraba oficialmente la plaza Decano Eduardo Ibaseta, contra la "privatización" de servicios judiciales que supone la reforma diseñada por el Gobierno Central, pero también para protestar contra las deficiencias que presenta, según ellos, los nuevos juzgados y el proceso seguido para el traslado de las distintas dependencias al nuevo edificio.

Así lo ha expresado la portavoz de la Plataforma de Justicia, Tini Navas, quien ha explicado que, en primer lugar, no se hizo una limpieza de obra, cuando "curiosamente" sí se limpiaba el juzgado que iba a quedar vacío con el traslado en Decano Prendes Pando.

A esto ha unido que algunos empleados han decidido traer una lámpara de mesa "porque no pueden trabajar en las condiciones de luz que hay", además de que colocaron a otros en el vestíbulo sin mobiliario, ni calefacción ni teléfono, algo que ha dicho que está en vías de solución. No hay tampoco señalización, por lo que la gente no sabe cómo moverse por el edificio.

Ha señalado, también, que quedan por trasladarse a la Bohemia dos juzgados de Decano Prendes Pando y los del Palacio de Poniente, así como el Servicio común de notificaciones y embargos y el Decanato. En un principio, les han comunicado que el traslado estará concluido a finales de junio, aunque han incidido en que ha habido tantos cambios con la fecha que desconocen si será la definitiva.

Respecto a la reforma judicial, ha criticado que supone una privatización de servicios, como es el Registro Civil, que supondrá un coste a los ciudadanos de algo que ahora es gratuito, así como el Anteproyecto de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil aprobado en Consejo de Ministros y por el que todos los actos de ejecución de comunicación se le entregan a los procuradores, sobre los que ha remarcado que no son funcionarios. Esto último se traducirá en un menor empleo público y que se encarezca la justicia, según ella.

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