El Gobierno ya ha aprobado la porlémica reforma educativa de Wert que, entre otros cambios, introduce nuevas evaluaciones externas, modifica los últimos cursos de la ESO y convierte la religión en asignatura evaluable.

Uno de los puntos más confictivos de la norma fue la oposición de varias autonomías a la homogeneización de los contenidos educativos en todo el territorio nacional. La Lomce cambia el modelo de enseñanzas mínimas y el Estado será quien definirá los contenidos y los criterios de evaluación de las asignaturas troncales y los criterios de evaluación de las específicas. Las demás, de libre configuración, serán definidas por las comunidades autónomas, al igual que la enseñanza de sus lenguas cooficiales.

En materia de lengua cooficiales, el Estado adelantará el coste de escolarizar en castellano en colegios privados a los alumnos que hayan elegido esta lengua como vehicular cuando la comunidad autónoma no la oferte en el sistema público o el concertado, como han denunciado algunos padres que ocurre en Cataluña, aunque luego lo recuperará detrayendolo de la financiación autonómica.

El gasto por la educación en castellano se recuperará de la financiación autonómicaPara ello, la memoria económica de la LOMCE se reserva un presupuesto de cinco millones de euros, los que se estiman necesarios para garantizar este derecho si 1.000 alumnos solicitan ejercerlo. La cantidad podría ser mucho menor, pues Cataluña dice que en un año sólo lo han solicitado 17 familias.

Wert ha indicado que esta medida es  "excepcional y transitoria" y que afectará "exclusivamente" a aquellos sistemas educativos en los que se plantea el uso de una sola lengua cooficial, en concreto la propia, y no se garantiza el derecho a estudiar en castellano.

Ha dicho que el pago de la escolarización en centros privados no repercutirá a las autonomías con modelos bilingües integrados, donde coexisten el sistema que da preferencia a la lengua cooficial pero con la posibilidad también de usar el castellano como lengua vehicular.

La religión cuenta para nota

La Lomce establece que tanto la asignatura de Religión como su alternativa, 'Valores Culturales y Sociales en Primaria y Valores Éticos en Secundaria', serán evaluables y la nota contarán para la media del curso como el resto de las asignaturas.

Ambas materias, que tienen un régimen especial porque es obligado ofertarlas en línea con los acuerdos con la Santa Sede , se podrán cursar como optativas desde la Primaria, facilitando así que quien lo desee pueda estudiar las dos y no sólo una, como contemplaba inicialmente el anteproyecto de la norma, en la que Religión y Valores eran excluyentes.

Evaluaciones externas

Habrá pruebas al final de la Primaria, la ESO y el BachilleratoLa ley impondrá evaluaciones externas al final de la Primaria, ESO y Bachillerato que serán iguales en toda España. Los exámenes de ESO y Bachillerato serán necesarias para obtener el título y, en concreto, el segundo, que los sectores críticos llaman "reválida", sustituirá a la actual Selectividad. Además, habrá otra prueba en 3º de Primaria para la detección precoz de problemas de aprendizaje en los alumnos.

"La única prueba a la que se sometían los estudiantes carecía de utilidad porque se hacía al final de la educación secundaria", ha afirmado Wert.

Las prueba de secundaria y Bachillerato sí afectarán al expediente académico del estudiante, aunque según ha explicado el ministro, "no son las reválidas ni pruebas de conocimientos". "Las evaluaciones no son obstáculos, sino caminos de señalización para permitir la mejora", ha dicho Wert.

Se podrá pasar de curso con dos asignaturas suspensas, siempre y cuando no sean la lengua y las matemáticas.

Orientación a la vida laboral

Los itinerarios hacia la FP y el Bachillerato se adelanta a 3º de la ESO a través de asignaturas optativas y las dos vías estarán completamente diferenciadas en 4º de la ESO. "El último curso de la ESO será de bifurcación a la vida académica o a la laboral", ha afirmado Wert.

En cuanto a la FP, prevé la creación de una Formación Profesional Básica, de dos años de duración, que será obligatoria y sustituirá a los Programas de Cualificación Profesional Inicial, dirigidos a alumnos de 15 años. Además, introduce asignaturas en la FP de grado medio orientadas a sectores profesionales y facilita el paso hacia la FP de grado superior.

Alto abandono escolar

La vicepresidenta del Gobierno y el ministro de Educación han explicado que los malos resultados de la educación en España y la altas tasas de abandono escolar y desempleo juvenil son la motivación para sacar adelante esta reforma de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).

Uno de cada cuatro alumnos abandona la educación sin el título de secundariaSegún han expuesto los dos miembros del Ejecutivo, uno de cada cuatro alumnos abandona la educación sin el título de secundaria, el doble de la media europea, y la tasa de los jóvenes entre 15 y 29 años que ni estudian ni trabajan es del 23,7%.

Además, el 40% de los jóvenes de 15 años ha repetido curso alguna vez, según ha dicho Wert. "Hay medio millón de repetidores que están costando al sistema 2.500 millones de euros", ha afirmado el ministro,"todo lo que contribuya a reducir esa tasa tiene importancia, no solo educativa, sino también económica".

Ayuda europea

El proyecto de LOMCE recoge una novedad: la posibilidad de hasta un 60% de los costes directos de implantación de la norma sean cofinanciados por el Fondo Social Europeo. En concreto, el 95% de todo lo que va a costar al Gobierno implantar la ley se debe a la creación de itinerarios en 4 de la ESO (harán falta más profesores) y de la Formación Profesional Básica, sin embargo, ambos aspectos son susceptibles de recibir dichos fondos europeos, pensados para educación y lucha contra el paro juvenil, y Educación confía en que así sea.

En total, Educación calcula que el primer año el coste directo será de 38 millones de euros; de 190 millones el segundo y de 340 millones el tercero.

Si se descuenta lo que se prevé ahorrar con la reforma del Bachillerato, (tendrá menos opciones y se espera menos afluencia por el refuerzo de la FP), las cantidades se rebajan a 23 millones para el primer año, 130 para el segundo y 255 en el tercero. Los costes indirectos los asumen las comunidades autónomas y dependen del "éxito" que tengan en la implantación de la reforma.