La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez (PP), después de que el Tribunal de Cuentas haya ratificado la condena a los dos exdelegados del PP en la Zona Franca a pagar 4,3 millones por "irregularides", ha asegurado que no tiene "ni idea" sobre este proceso, insistiendo en que es presidenta del Pleno del Consorcio porque es alcaldesa de la ciudad, y recalca que no tiene "responsabilidad ejecutiva".

A preguntas de los periodistas en rueda de prensa, Martínez ha asegurado que el actual delegado de la Zona Franca, Jorge Ramos, no le ha dicho como presidenta "que convoque el Pleno para dar a conocer esa sentencia", así que ha insistido en que no tiene "ni idea" y en que no forma parte "de ese proceso".

"Imagino que Javier Osuna planteará los recursos que tenga que plantear porque los procesos se terminan cuando se terminan e imagino que llevará toda la documentación que tenga que llevar", ha manifestado la regidora gaditana, subrayando que es presidenta de la Zona Franca porque es la alcaldesa de Cádiz.

Entiende Martínez que ha pasado "mucho tiempo" y que "en su día ya se tomaron las responsabilidades", recordando, al hilo, que fue el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados el que llevó una propuesta "para que interviniera el Tribunal de Cuentas".

"El PP no tiene interés nunca en que las cosas no se estudien. Lo que sé es que se habían presentado unas alegaciones, pero no sé más e imagino que este señor seguirá el proceso para defender su verdad", ha concluido.

Cabe recordar que el TC ha desestimado los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia dictada con fecha de 11 de octubre de 2011 por la que se condenaba a los exdelegados del Estado del PP en la Zona Franca de Cádiz Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna a pagar la cantidad de 4.321.639,18 euros por "irregularidades" cometidas cuando estaban al frente del Consorcio, al considerar el Tribunal que son "responsables contables directos" del perjuicio causado a los caudales públicos.

El fallo, de 55 folios, al que ha tenido acceso Europa Press, confirma la sentencia de 2011 por la que el Tribunal de Cuentas estima íntegramente las pretensiones formuladas por la Abogacía del Estado, en representación de la Zona Franca de Cádiz, a la que se adhirió el Ministerio Fiscal contra Rodríguez de Castro y Osuna.

Los condenados ejercieron, sucesivamente, el cargo de delegado especial del Estado en la Zona Franca de Cádiz en el periodo comprendido entre los años 2000 y 2004. Concretamente, Rodríguez de Castro ocupó el puesto hasta febrero de 2001 y Osuna desde marzo de 2001 hasta el 15 de mayo de 2004.