La consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha afirmado este jueves, durante la entrega en Málaga de los premios Salud Investiga 2012, que el número de agresiones al personal sanitario no ha aumentado con la crisis y ha señalado además que los recortes "no pueden justificar en ningún caso estos comportamientos".

"La Junta de Andalucía y la Consejería de Salud fueron los primeros en poner en marcha un registro de agresiones, que se dirigía a personales sanitarios, de manera que tenemos perfectamente monitorizado como se ha ido comportando esta situación y no se ha experimentado un aumento significativo en el número de agresiones", ha asegurado Montero.

La consejera ha apuntado además que "no se puede justificar de ninguna manera una agresión. No se puede culpar a ninguna situación externa de que un ciudadano cometa una agresión sobre el personal sanitario, educativo o cualquier persona que trabaje en un servicio público".

"Cuando se dice que se producen agresiones por los recortes de alguna manera se está justificando que una persona pueda utilizar la fuerza física, la violencia o la agresión verbal como forma de expresarse", ha añadido.

Montero ha destacado que las agresiones al personal sanitario se dan en situaciones puntuales y ha manifestado que "el comportamiento por parte de los ciudadanos habitualmente es ejemplar. Cuando existen agresiones hay que poner en marcha todos los protocolos que permitan la prevención y que la persona agredida pueda interpone la denuncia correspondiente para que caiga todo el peso de la ley sobre el agresor", ha aseverado.

"La situación de crispación que puedan presentar los ciudadanos viene de sus condiciones cotidianas, no expresan un malestar con el sistema sanitario, si no que expresan todo lo contrario. Ponen de manifiesto, ha añadido Montero ,"que tienen un sistema sanitario que les permite sobrevivir de forma más digna".

Para concluir Montero ha hecho referencia al plan de prevención de agresiones al personal sanitario que la Junta lleva a cabo desde 2006. "Este plan, en el que la Junta ha invertido más de 180 millones de euros, ha posibilitado que tengamos un estudio individualizado de cada una de esas situaciones, lo que permite hacer un mapa de riesgos", ha finalizado.